El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra, señala la investigación del portal venezolano Armando.info, uno de los 150 medios de comunicación que participaron en los Pandora Papers, una actividad coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en la que trabajaron 600 periodistas de 117 países.
De la investigación se desprende que Venezuela es el séptimo país con más propietarios de empresas en paraísos fiscales, mil 200 venezolanos con compañías offshore, la mayoría empresarios y ex funcionarios, reveló la investigación de Armando.info.
El escrito firmado por Teresa Lares inicia con un recordatorio. «Si no fuera tan antigua, podría decirse que la expresión “hacer su agosto” nació en 2012 a partir de la buena fortuna de una empresa panameña sin sede, teléfono o producto conocido, perteneciente a un venezolano también carente de trayectoria o currículum sugerente, con la excepción de ser primo de Diego Salazar, este a su vez primo de Rafael Ramírez, el antiguo zar del petróleo venezolano.
Fue el 14 de agosto de ese año cuando la compañía en cuestión recibió 55 millones de dólares girados a su cuenta bancaria corporativa en la Banca Privada de Andorra (BPA). Un gran mes, sin duda, pues diez días después recibió otros 880.000 dólares de parte del mismo cliente, la China Machinery Engineering Corporation (CAMC).
La empresa se llama Highland Assets Corp, y su beneficial owner, Luis Mariano Rodríguez Cabello.
Al cabo de ese año, Rodríguez Cabello -identificado esta semana en un reportaje como el sujeto de uno de los mayores casos de lavado de dinero en Wall Street- recibiría solo de ese cliente hasta 106 millones de dólares, según las pesquisas consignadas en la investigación del Tribunal Superior de Andorra sobre el capítulo venezolano del caso BPA. Las de agosto de 2012, aunque jugosas, son apenas un par de las decenas de transacciones identificadas de una tupida red de empresas de maletín a través de la cual Rodríguez Cabello y otros 27 venezolanos desviaron hasta 2.000 millones de dólares entre cobros de comisiones, sobornos y supuestas asesorías a empresas que buscaban -y a través de ellos, lograban, como la CAMC- ser contratistas de la otrora poderosa estatal petrolera Pdvsa.
A esas indagaciones en Andorra ahora se suman los hallazgos de los Pandora Papers, una masiva filtración de 11,9 millones de documentos financieros, recibida y procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés, con sede en Washington DC) y compartida con otros 150 medios de comunicación de 117 países –incluido Armando.info por Venezuela-, en la que participaron más de 600 periodistas.
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Cientos de documentos contenidos en la filtración revelan que el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), uno de los más importante del país istmeño, fue en realidad, más que un mero prestador de servicios, un partícipe activo en la trama, principalmente para la creación de las empresas que una sucursal en Panamá de BPA, BPA Serveis, solicitaba abrir para asignarlas a los receptores de pagos irregulares. BPA Serveis, que hacía las veces de brazo captador de clientes en el continente americano, llegó a abrir en 2006 una oficina en Caracas, en una de las torres de oficinas del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) en Chuao, en el sureste de la capital venezolana.
Alcogal incorporó 29 de las 56 “sociedades instrumentales” que el Tribunal Superior de Andorra había logrado identificar, en el curso de sus diligencias, como integrantes de la red corrupta.
Pero los archivos de Pandora Papers arrojan luz sobre otras 22 sociedades de los funcionarios venezolanos envueltos en la trama y que, sin embargo, no se encuentran mencionadas en la investigación del tribunal andorrano. En suma: de las al menos 78 empresas conectadas a la red -entre las identificadas por el expediente en Andorra, y las que no estaban allí pero aparecen en los legajos filtrados del bufete panameño-, 51 fueron manejadas por Alcogal. Entre estas también se cuentan “fundaciones de carácter privado” que, a la postre, tuvieron cuentas bancarias que también formaron parte de la red.
El expediente de la justicia andorrana destaca que “el entramado societario offshore creado por BPA Serveis no tiene otra finalidad que la ocultación, pues las diversas sociedades controladas (…) operan como un centro único de negocio, dedicado a la corrupción, efectuando los pagos desde una u otra [sic] sociedad, indistintamente, sin tener en cuenta la actividad a la que supuestamente se dedica cada una, o las obligaciones contractuales que hayan contraído, pues son meros contratos simulados, sin prestación real”.
Los documentos permiten comprobar que, apenas publicado en 2015 el informe de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, equivalente a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) que dio lugar a la intervención y posterior colapso de BPA y sus filiales, Alcogal renunció a ser agente residente y representante de 25 de estas estas sociedades. Pero, del mismo modo, mantuvo relaciones laxas y selectivas con otras, al menos por unos años más, lo que demoró su deslinde con clientes cuestionados como el exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Nervis Villalobos; Javier Alvarado Ochoa, también exviceministro de ese despacho y expresidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y Rodríguez Cabello, normalmente tenido como operador financiero de Diego Salazar, El señor de los relojes, principal intermediario de seguros de la petrolera Pdvsa durante la presidencia de su primo, Rafael Ramírez.
Alcogal precisa que su relación comercial con BPA empezó en 2007, “a raíz de una presentación realizada por el presidente de un reputado banco, que era cliente de Alcogal”. También detalla el bufete panameño, en una carta de respuesta a la solicitud de comentarios efectuada por el ICIJ para esta serie, que entonces “BPA gozaba de buena reputación. No teníamos ninguna razón para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a algunos clientes dudosos”.
Cultivando una red “agrícola”
Las gestiones de bufetes como Alcogal incluyen servicios como el registro de la empresa, el cambio de miembros en las juntas directivas, elaboración de poderes, apertura de cuentas bancarias, emisión de acciones, entre otros, por cuotas no muy caras que se renuevan cada año según la duración de la vigencia de la compañía y los servicios requeridos.
Aunque el registro y el propio funcionamiento de empresas en paraísos fiscales no son ilegales, facilitan la evasión de impuestos y permiten el ocultamiento de la identidad de los dueños a través de “capas”, pues es frecuente que los agentes registradores sirvan como prestanombres de los verdaderos dueños de las empresas o beneficial owners (B.O.), como se les denomina en el inglés de la jerga del negocio bancario. El uso de estas sociedades es cada vez más frecuente entre venezolanos, según las revelaciones de Pandora Papers, pues Venezuela se encuentra en el séptimo lugar de los países con más nacionales que han registrado empresas en paraísos fiscales entre los agentes de servicios offshore comprendidos en la filtración. El listado lo encabeza Rusia.
Alcogal, en su respuesta al ICIJ, asegura que “solo prestábamos servicios corporativos (constitución y mantenimiento anual de empresas) a BPA para sus clientes. No prestamos ningún tipo de asesoramiento fiscal o transaccional a BPA ni a ninguno de sus clientes”. Sin embargo, se pudo detectar que sus servicios fueron mucho más allá de la creación de sociedades sin ninguna actividad real, y que algunos de sus agentes, como parte de juntas directivas de estas shell companies -compañías de cascarón- y en nombre de ellas, llegaron a participar activamente en contrataciones y compromisos de pagos de dudosa procedencia.
Un ejemplo contenido en la filtración: en 2014, entró en vigencia un acuerdo de negocios donde una empresa de nombre Brown Investments Ltd S.A, “representada legalmente por su Presidente”, Edgardo Eloy Díaz, se comprometió a ofrecer servicios de “asesoría técnica y financiera” en materia agrícola -específicamente para la producción de arroz- por un pago de 1,26 millones de dólares que haría la empresa Highland Assets Corp, propiedad de Luis Mariano Rodríguez Cabello.
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Cada nombre de este acuerdo tiene relevancia: Edgardo Eloy Díaz es abogado de Alcogal y figura en cientos de directorios de empresas constituidas por el bufete a petición de sus clientes. Highland Assets Corp, por su parte, es uno de los nombres más importantes en el ramillete de empresas bajo control de Rodríguez Cabello, a quien la justicia andorrana identifica como el “operador del holding financiero” de Diego Salazar. Brown Investments Ltd fue creada en las islas Seychelles y pasó a jurisdicción panameña en 2013 sin que se le conociera alguna experticia en materia agrícola. En la trama andorrana, el pago de “asesorías” era el pudoroso concepto que con frecuencia amparaba las transferencias por pagos de comisiones o sobornos.
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