La Fiscalía de Ecuador confirmó este miércoles la detención, con fines de investigación, del juez Banny Molina, quien el pasado viernes concedió un habeas corpus en favor de Jorge Glas, vicepresidente durante el mandato presidencial de Rafael Correa y con dos condenas en firme por casos de corrupción.
«La noche de ayer, como parte de las diligencias oficiadas por Fiscalía, se ejecutó la detención -con fines investigativos- del juez Banny M., en San Jacinto (cantón Sucre-provincia de Manabí), quien fue denunciado por presunta usurpación y simulación de funciones públicas», indicó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
Añadió que «el detenido ya se encuentra a órdenes de Fiscalía, que continúa recabando elementos de convicción que permitan determinar la existencia o no del presunto delito y la responsabilidad del denunciado».
Habeas corpus al exvicepresidente Glas
La investigación fue abierta por «usurpación de funciones y simulación de funciones públicas», a raíz de una denuncia presentada por el director del Consejo de la Judicatura, Santiago Peñaherrera, al asegurar que el magistrado se encontraba inhabilitado de sus funciones en el momento que emitió esas resoluciones.
De acuerdo a la denuncia citada por la Fiscalía, Molina, juez en la ciudad de Portoviejo, emitió tres órdenes de excarcelación, entre ellas la de Glas, a las 16:46 hora local del 5 de agosto, «cuando ya se encontraba inhabilitado, debido a que fue llamado a juicio en otra causa, a las 13:00 de ese día».
Las órdenes de excarcelación ya se encuentran en manos del servicio penitenciario (SNAI), encargado de administrar y controlar las prisiones, que advirtió que estos documentos presentan «varias inconsistencias».
El SNAI afirmó que el 8 de agosto se emitió una nueva orden de excarcelación para Jorge Glas «cuyo formato, sellos y demás características propias del documento, difieren completamente del documento inicialmente emitido por el juzgador».
«Anarquía judicial» para el Gobierno
Tras conocerse la decisión del juez Molina, el Gobierno manifestó su negativa a proceder con la liberación de Glas al considerar que existen varias irregularidades en el habeas corpus concedido al exvicepresidente, y anunció que el Estado recurriría la decisión para evitar lo que tildó de «anarquía judicial».
Según el Ejecutivo, la decisión fue emitida a favor de un ciudadano llamado Christian Araujo, pero el juez «la hizo extensiva a favor de Jorge Glas y Daniel Salcedo, sin que ellos hayan presentado la acción».
Asimismo, el Gobierno reparó en que ni la Procuraduría, ni el Servicio Penitenciario fueron convocados, y recordó que Glas ya había solicitado otro habeas corpus que se encuentra en fase de apelación después de haber sido negado en primera instancia en la Corte Provincial de Pichincha, la jurisdicción correspondiente.
«Escándalo internacional» para abogados
La abogada Sonia Vera, integrante del equipo de defensa internacional de Glas que coordina Christophe Marchand, advirtió en un comunicado del estudio Ius Cogens que si el Gobierno no cumple con la liberación «sería un escándalo internacional».
Vera también sostuvo que «la negativa por parte del Estado podría ser considerada como tratamiento inhumano y degradante» respecto al estado de salud del exvicepresidente.
Según la abogada, el estado de salud de Glas «es extremadamente grave e imposible de tratar en un entorno carcelario».
Anulado primer habeas corpus
A Glas ya le fue concedido un primer habeas corpus en abril que le permitió salir en libertad 40 días hasta que la Corte de Justicia de la provincia costera de Santa Elena lo revocó por no ser la jurisdicción correspondiente para tratar el asunto y por no haber notificado a la Procuraduría (Abogacía) General del Estado.
Glas, que fue vicepresidente de Correa y luego también por pocos meses de su sucesor, Lenín Moreno (2017-2021), ingresó inicialmente en prisión a finales de 2017 y ha sido condenado en firme en dos casos de corrupción: uno por asociación ilícita relacionado con la trama Odebrecht (con 6 años de cárcel) y otro por cohecho ante la financiación ilegal para su movimiento político (con ocho años).
También ha sido condenado por malversación de fondos públicos (peculado) en un contrato petrolero denominado el caso «Singue», que todavía está en fase de apelación.
El exvicepresidente siempre ha negado las acusaciones y ha denunciado una persecución política en su contra.
