El Parlamento de Venezuela aprobó este martes, en una sesión especial celebrada en la calle, la reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), conocido como Tratado de Río, que suscribe el compromiso de defensa mutua entre naciones ante ataques armados.
El jefe de la Asamblea Legislativa, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, solicitó aprobar con moción de urgencia y sin modificaciones esta ley que ya había sido discutida en el pleno el mes pasado.
El TIAR, que contempla la cooperación militar extranjera, «no es mágico», advirtió Guaidó entre los aplausos del millar de simpatizantes que se reunieron en la plaza Alfredo Sadel, en el este de Caracas, para escuchar la sesión celebrada allí, y apoyarle.
El líder opositor encabezó esta actividad que sirvió también para presentar un informe de gestión al cumplirse seis meses desde que juró asumir las competencias de Ejecutivo tras considerar ilegítimo al presidente Nicolás Maduro.
«Estamos de pie contra una dictadura que se cae a pedazos», remarcó Guaidó, quien auguró además que se avecina un «choque de trenes» contra el Ejecutivo chavista y para ello, dijo, necesitará del apoyo de sus simpatizantes y de la coalición internacional de casi 50 naciones que lo respaldan.
La aprobación final de este mecanismo debe sellarse en la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que ahora el visto bueno del Parlamento venezolano debe ser remitido al organismo continental.
El TIAR, que establece que un ataque contra un país miembro del pacto (casi una veintena de naciones americanas) se considerará un ataque contra todos, es una iniciativa promovida hace meses por el ala más radical del antichavismo, que es minoría dentro de la mayoría opositora que controla el Parlamento.
Estos promotores piden a Guaidó y al total de diputados usar este mecanismo con base en el artículo 187 de la Constitución venezolana que da al Legislativo la potestad para «autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país».
Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela denunciaron el tratado en 2012, cuestionando que no se aplicó en la Guerra de las Malvinas en 1982 entre Argentina y el Reino Unido.
Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional porque el chavista obtuvo la reelección en unos comicios en los que se les prohibió participar a los principales líderes opositores.
