(Foto archivo)

La oposición ve señales inminentes de una transición a la democracia en Venezuela. El pasado miércoles, desde la Asamblea Nacional (AN) acordaron dar inicio a una cruzada para garantizar que ese proceso se dé en paz y con plenas garantías de gobernabilidad.

En la discusión Freddy Guevara (VP) aludió a los casos de Suráfrica, Chile, Brasil, Argentina, Ucrania y Serbia. Dijo que se trata de procesos que no ocurren en días ni en horas, y que su paso se abre cuando se elevan los costos de la represión y se bajan los costos de la tolerancia.

También instó a generar toda la presión y los incentivos para que quienes acompañan a Maduro sepan que les será más costoso hundirse con él que pasarse al lado del pueblo.

Carlos Valero (UNT-Táchira) enumeró los signos de una inminente transición con un pueblo que decidió no someterse a un gobierno opresor. La evidencia de fracturas en el seno del régimen y el cada vez más elevado costo de la represión.

Se integró una comisión de alto nivel presidida por Julio Borges (PJ), e integrada por Freddy Guevara (VP), Dennys Fernández (AD), Stalin González (UNT), Teodoro Campos (Avanzada Progresista) y Juan García (Vente). La comisión elaborará propuestas dirigidas a todos los sectores sobre cuáles deben ser las garantías que debe tener el pueblo, sea civil, sea militar, para ayudar a la transición democrática.

Luego de la cesantía de Alfredo Ramos por la Cámara Municipal de Iribarren, la Asociación de Alcaldes por Venezuela ejerció el miércoles 17 de mayo varios derechos de palabra para repudiar la persecución contra sus integrantes y los gobernadores de la oposición.

Gerardo Blyde enfatizó que en el caso de Ramos no se cumplió ninguno de los preceptos fijados en la ley. David Smolansky denunció que con encarcelamientos, investigaciones, asfixia financiera y estructuras paralelas, el gobierno pretende desaparecer las alcaldías. Ramos afirmó que la persecución en su contra empezó en 2014 y desde entonces no ha cesado. La plenaria exigió el cese de tácticas para desconocer la voluntad popular; la Comisión de Política Interior deberá levantar los casos y señalar a los funcionarios responsables.

El pleno rechazó la séptima extensión del decreto de estado de excepción y emergencia económica publicado el martes. La AN concedió un derecho de palabra a Juan Castillo, hermano de Miguel Castillo, asesinado por fuerzas del orden público la semana pasada cuando ejercía su derecho a la protesta en Caracas y aseguró que seguirán con la lucha.

El Nacional




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