(Cortesía)

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, aprobó hoy crear un fondo en el que se resguarde el capital público ligado a delitos y corrupción y que sería repatriado una vez se produzca un cambio de gobierno en el país suramericano.

Los diputados acordaron, en la primera discusión del año, “solicitar la cooperación internacional para la creación” de este fondo y crear también un registro público a fin de que estos capitales sean manejados “con transparencia”.

La Cámara asegura que estos activos serán “asegurados y posteriormente devueltos al territorio nacional con el objeto de financiar políticas públicas que ayuden a solucionar de forma prioritaria la severa crisis humanitaria”.

El acuerdo sostiene que Venezuela “ha sido gravemente perjudicada por hechos de corrupción en los últimos veinte años” y cita estimaciones según las cuales una tercera parte de los ingresos de la nación devenidos de la industria petrolera están comprometidos por actos de corrupción.

Otros hechos como la adjudicación irregular de contratos a la compañía Odebrecht, supuestos manejos incorrectos de partidas en el Ejecutivo y la malversación de divisas que maneja exclusivamente el Estado también han causado daños patrimoniales que el Legislativo espera recuperar.

“Será necesario el desarrollo posterior del marco normativo para institucionalizar el proceso de recuperación de activos y la administración transparente, eficiente y eficaz de los recursos obtenidos”, indica la declaración.

Los diputados piden a los países donde existan capitales ligados a estos hechos que los sometan a medidas cautelares “y que las mismas se mantengan hasta que sea restablecido el Estado de Derecho en Venezuela”.

Piden también que en el extranjero no se reconozca la legitimidad de autoridades nombradas por el Gobierno de Nicolás Maduro que pretendan recuperar activos producto de la corrupción.

El Supremo declaró a la Cámara en desacato semanas después de que el antichavismo se hiciera con la mayoría de los escaños a principios de 2016 y desde entonces Maduro no rinde cuenta a los diputados en tanto que el resto de poderes públicos, cercanos al Ejecutivo, no toman en cuenta las decisiones del Legislativo. EFE




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