La Asamblea Nacional rechazó este martes 21 de julio la criminalización por parte del régimen de Nicolás Maduro a los migrantes venezolanos que retornan al país.
Los parlamentarios elevarán una denuncia contra el régimen ante la Corte Penal Internacional debido a la segregación y estigmatización de los venezolanos retornados, quienes han sido calificados como bioterroristas por Nicolás Maduro en varias oportunidades.
El calificativo de “bioterroristas” que desde el régimen se le ha dado a los migrantes que regresan al país representa una flagrante violación de los derechos humanos, expresaron los diputados.
Durante la sesión plenaria de la AN, realizada de manera virtual, se responsabilizó a Maduro del éxodo masivo de venezolanos que sentían amenazadas sus vidas ante la crisis generalizada, los conflictos internos y la violación de los derechos humanos.
Los diputados acordaron declarar al régimen como un violador sistemático de los Derechos Humanos y la dignidad humana, de los venezolanos que buscan retornar al territorio nacional.
Solicitud a países de la región
Por otra parte la Asamblea Nacional solicitó a los países de la región receptores de migrantes y refugiados venezolanos evitar la puesta en práctica de políticas dirigidas al aumento de restricciones migratorias, tales como despidos generalizados, acciones de desalojo y prácticas xenofóbicas.
El diputado Marco Quiñones, presidente de la Subcomisión Especial de Atención a Exiliados de la AN, señaló que debido a la pandemia miles de migrantes venezolanos intentan regresar a Venezuela a través de los vuelos humanitarios, pero el régimen se los impide.
Alertó que el régimen desata una campaña de estigmatización al catalogar a los connacionales retornados como armas biológicas.
El derecho a regresar
David Smolansky, comisionado del Secretariado General de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, dijo que cualquier ciudadano tiene derecho a regresar a su país de origen.
Denunció que en Venezuela este derecho está siendo vulnerado y desconocido por parte del oficialismo.
Afirmó que esos ciudadanos venezolanos están hacinados en albergues en los estados fronterizos Apure, Bolívar y Táchira, donde no se cumple ningún protocolo de distanciamiento social y no les garantiza las tres comidas diarias.
Smolansky también denunció la extorsión que cometen los funcionarios de la GNB, quienes ilegalmente cobran en pesos colombianos o en dólares a los retornados para trasladarlos a otras ciudades del país.
Responsabilizó por la integridad de estas personas a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Remigio Ceballos, Freddy Bernal y Lisandro Cabello. Este último propuso que los migrantes deberían pasar la cuarentena dentro de celdas, afirmó el diputado desde el exilio.
Freddy Bernal, llamado protector del Táchira, designado por el régimen, estableció que se marcarían las casas para señalar a quienes presuntamente violen los controles dispuestos para restringir el paso de los connacionales, recordó el parlamentario.
Estas aseveraciones pueden acelerar genocidios o empezar genocidios. No podemos normalizar la criminalización ni estigmatización de los venezolanos que regresan al país, porque eso es un derecho y más aún cuando lo hacen en tiempo de pandemia, agregó
Smolansly. Precisó que hay más de 1.000 venezolanos varados en Estados Unidos, 700 en España, 600 en Chile, 500 entre Panamá y Costa Rica y 50 en México.
Afirmó que los conciudadanos retornados y quienes no han podido regresar son víctimas de tratos crueles y degradantes que afectan su integridad física, emocional y psicológica.
DENUNCIAN PRESENCIA DEL ELN EN VENEZUELA
Durante la sesión, también debatieron acerca de un vídeo difundido por el diario colombiano El Tiempo, en el que se puede ver a uno de los líderes del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), identificado con el alias de «Edward», jurando lealtad a Maduro.
La oposición parlamentaria calificó ese vídeo como «una amenaza a la estabilidad, paz y seguridad interna de los venezolanos y la seguridad externa de las naciones democráticas».
Condenaron esa afirmación que, consideran, corrobora las denuncias sobre intromisión en la soberanía de Venezuela por grupos armados que -indican- han recibido amparo del Gobierno de Maduro.
Por su parte, el diputado José Antonio Mendoza indicó que el juramento difundido por el rotativo colombiano certifica la relación entre Maduro «y grupos terroristas».
COMISIONADO PARA LA ATENCIÓN A LA SALUD
Finalmente, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por casi 60 países, designó al legislador José Manuel Olivares como comisionado para la salud y atención sanitaria a los migrantes, reseño EFE.
Olivares, médico de profesión, reside en Colombia y se encargará de ofrecer un parte sobre la situación de la pandemia en el país, buscará donaciones de particulares para atender el COVID-19 y la crisis sanitaria en Venezuela.
También se encargará de coordinar con los Gobiernos de la región la atención de contagiados, así como garantizar que la ayuda llegue y se ejecute en venezolanos, entre otras atribuciones.
Guaidó, presidente de la AN al que el TSJ no reconoce como tal, pero sí 100 de los diputados del Parlamento, sostuvo durante la sesión, que Venezuela atraviesa «la peor etapa de la pandemia».
«Estamos entrando a la fase de expansión y además estamos en una situación vulnerable cuando no tenemos ahorros, no hay comida, no hay servicios sanitarios para enfrentar esta crisis», concluyó.
Según cifras difundidas por el Gobierno de Maduro, 116 personas han muerto por COVID-19 en Venezuela y 12.334 se han contagiado. Sin embargo, Olivares aseguró que la cifra real de fallecidos es de 205.
