La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, acordó hoy recoger testimonios y denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión para denunciarlas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y «todas las instancias internacionales donde se proteja la libertad de información».
Los testimonios, según el acuerdo, serán recabados en lo que llamaron el «Libro negro de la Libertad de expresión» que será elevado al despacho de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachellet.
Igualmente se presentará el documento a entes como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) reviste el rechazo a «un patrón» de sistemática «violación a los derechos civiles y democráticos de los venezolanos y de ataque a los medios de comunicación».
Durante la sesión ordinaria los parlamentarios recordaron que solo en los meses de agosto y septiembre «se han incrementado las acciones de amedrentamiento y autoritarismo» contra la prensa.
Igualmente señalaron que al menos ocho medios de comunicación impresos dejaron de circular «por el acoso del gobierno y por falta de materia prima».
Otros cuatro sitios web «han sido víctimas de bloqueo por parte del régimen» y dos televisiones regionales salieron del aire por las mismas causas, según el Parlamento.
La Cámara contabiliza además 15 periodistas que «han sufrido ataques del régimen» como «secuestros, amenazas, ataques con armas blancas, deportaciones, hostigamiento y detenciones» mientras realizaban su labor informativa.
También consideró el Parlamento las «arbitrariedades» de medios nacionales de «querer obligar a sus trabajadores» a sacar el carné de la patria, censo gubernamental para obtener beneficios sociales que la oposición ha denunciado como herramienta de manipulación del Gobierno de Nicolás Maduro, para obtener sueldos.
Son constantes las denuncias del gremio de periodistas venezolanos que señalan ataques a la libertad de expresión en el país.
Solo en septiembre, el periodista crítico con el chavismo gobernante Jesús Medina fue detenido en medio de confusas acusaciones, mientras que un equipo de la televisión colombiana NTN24 fue atacado con un cuchillo por un presunto seguidor del oficialismo cuando daba cobertura a una protesta de empleados públicos en Caracas.
Otro periodista pasó nueve horas detenido por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que le impidieron concretar un viaje a Estados Unidos y lo interrogaron sobre el caso del fallecido policía rebelde Óscar Pérez, conocido por su ataque a la sede del Tribunal Supremo de Justicia.EFE
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