La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia condenó este miércoles el asesinato de José Luis Quiñones, un líder de procesos de restitución de tierras, ocurrido en la población de Tamalameque, departamento colombiano del Cesar (norte).
Con este asesinato ya son 110 los líderes sociales en Colombia este año, según cifras del Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz), que monitorea los homicidios en su observatorio.
«Condenamos el homicidio de José Luis Quiñones en Tamalameque, Cesar. Él era líder campesino defensor de la tierra y el territorio en Tamalameque y Río de Oro; delegado de Comisión de Interlocución del Centro y Sur de Cesar, Sur de Bolívar, Sur del Magdalena y Santanderes», dijo en redes sociales la oficina de la ONU en Colombia.
Asesinan a líder social reclamante de tierras
El organismo confió en que la Fiscalía «conduzca una investigación exhaustiva» y que la Unidad Nacional de Protección (UNP) «agilice procesos para brindar protección a voceros» de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (Cisbcsc), la organización que trabaja con las comunidades campesinas en sus reclamos por la tierra y la defensa de los recursos naturales.
Recordó que Quiñones fue amenazado de muerte por procesos que impulsaba para que fueran restituidas tierras a campesinos en su municipio y formaba parte de una iniciativa del que también hicieron parte Teófilo Acuña y Jorge Tafur, asesinados el pasado 22 de febrero pasado.
Los dos hombres fueron tiroteados cuando estaban en el caserío de Puerto Oculto, en el municipio de San Martín, situado en el sur del Cesar.
Según Indepaz, Acuña era vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar y Tafur pertenecía a la Junta Nacional de la Asociación Coordinador Nacional Agrario.
Sin frenar expansión de grupos armados
La representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, afirmó la semana pasada que la respuesta militar «no ha logrado frenar» la expansión de grupos armados ilegales y el recrudecimiento de la violencia, que se ha traducido en «un incremento progresivo de los homicidios».
La aseveración la hizo De Rivero durante la presentación del «Informe violencia territorial: Recomendaciones para el nuevo Gobierno», que fue entregado a la actual Administración, así como al presidente electo, Gustavo Petro, que asumirá el próximo 7 de agosto, a la vicepresidenta electa, Francia Márquez, y al canciller designado, Álvaro Leyva.
Entre 2016 y 2021, según Oficina de la ONU, hubo 562 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia y entre enero y junio de este año recibieron 114 denuncias de esos homicidios, de las que ha verificado 22 y otros 67 casos están en ese proceso.
