El asesinato de un juez federal mexicano que tuvo a su cargo casos del crimen organizado habría sido en represalia por su trabajo, consideró este miércoles el gobierno, que aseguró trabajar para hallar y castigar a los responsables.
«Estaba haciendo su trabajo y murió por hacer su trabajo», dijo la ministra de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero, quien detalló que conoció personalmente al magistrado y que la noticia ha sido «terriblemente difícil» para ella.
«Tenía, hasta donde tenemos conocimiento, algunos juicios de personajes de la delincuencia organizada y estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien», añadió la ministra durante la habitual conferencia matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asesinado a balazos
El juez Uriel Villegas resultó asesinado a balazos el martes junto con su esposa por un grupo armado que irrumpió en su casa en el estado de Colima (oeste), donde también estaban sus dos hijas menores de edad y una empleada doméstica, que sobrevivieron al ataque.
López Obrador expresó también su «más profundo pésame por este abominable crimen» y dijo que su gobierno seguirá trabajando en conjunto con la fiscalía y el Poder Judicial para esclarecerlo, sin ceder a intimidaciones.
«Nosotros tenemos como encomienda, mandato, el garantizar la paz y la tranquilidad en el país y no vamos nosotros a ceder ante ninguna amenaza, ninguna intimidación», afirmó el mandatario.
Villegas estaba asignado desde febrero un juzgado de una cárcel federal en la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre.
Llevaba casos contra cárteles de la droga
Previamente, había actuado como magistrado en el estado de Jalisco y, según la prensa mexicana, estuvo a cargo del caso de Rubén Oseguera, hijo de Nemesio Oseguera «El Mencho», líder del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación.
Villegas ordenó en 2018 el traslado de Oseguera hijo a un penal de Oaxaca, desde cual fue extraditado a Estados Unido en febrero.
A finales de 2006, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón lanzó una polémica ofensiva militar contra el crimen organizado que, según especialistas y defensores de los derechos humanos, ha sido uno de los principales móviles de una escalada de violencia en México.
Según cifras oficiales, desde entonces se han registrado más de 287 mil asesinatos en el país, aunque no se detalla cuántos casos están ligados al combate de las mafias.
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