La más reciente investigación de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela reveló un patrón de detenciones arbitrarias contra adolescentes en medio de protestas poselectorales. El organismo confirmó que entre el 29 de julio y el 30 de agosto de 2024, así como durante la toma de posesión presidencial del 10 de enero de 2025, fueron arrestados al menos 220 menores de edad.
De ese total, 187 eran varones, 22 mujeres y otros 11 no han podido ser identificados por género. Los registros abarcan 16 de los 24 estados del país, con Carabobo como la entidad con más casos documentados. Las edades oscilaban entre los 12 y 17 años, y todavía cuatro jóvenes continúan en prisión.
Protestas convertidas en escenario de persecución
El informe de la ONU destaca que la mayoría de los arrestos ocurrieron en plena vía pública durante protestas, aunque también hubo detenciones posteriores, al revisar teléfonos celulares y encontrar críticas al gobierno. En varios casos, los adolescentes fueron interceptados en situaciones cotidianas: esperando transporte público, saliendo de consultas médicas o incluso mientras jugaban fútbol.
Un testimonio recogido describe cómo un colectivo amenazó a un votante con la frase: “Esa sonrisita se te va a quitar pronto”. Al día siguiente, su hijo de 15 años fue apresado mientras jugaba en la calle. La Misión documentó que, en numerosos episodios, los adolescentes ni siquiera participaban directamente en protestas, sino que fueron usados como represalia contra familiares o allegados opositores.
Protestas seguidas de abusos y detenciones violentas
La ONU registró múltiples operativos donde encapuchados armados irrumpieron en viviendas para detener a menores. En Amazonas, Anzoátegui y Zulia se reportaron casos de niños de apenas 13 años que permanecieron detenidos por horas o días sin cargos. Estas prácticas, subrayó la Misión, violan la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), que exige medidas no penales en este tipo de situaciones.
El patrón fue idéntico al aplicado contra adultos detenidos en protestas: ausencia de flagrancia, órdenes de captura inexistentes, incomunicación con sus familias y procesamiento como si fueran mayores de edad. Incluso, en los centros de reclusión permanecieron junto a adultos sin distinción de sexo.
Violaciones al debido proceso
Las detenciones de adolescentes tras las protestas se caracterizaron por audiencias tardías —superando el plazo legal de 48 horas—, incomunicación, audiencias telemáticas sin representantes legales, imputaciones por terrorismo o incitación al odio sin pruebas y ausencia de defensa técnica especializada.
La Misión de la ONU denunció que, en al menos un caso, una jueza intentó inducir a los adolescentes a declararse culpables a cambio de reducción de penas. Al negarse, fueron enviados a juicio. También alertó sobre la falta de investigaciones en situaciones donde se reportaron abusos sexuales o de género durante las detenciones.
Torturas en el marco de protestas
El informe documenta torturas como golpes, amenazas de muerte, asfixias con bolsas plásticas y descargas eléctricas. En Carabobo, un adolescente de 16 años fue detenido tras una protesta y trasladado a una instalación militar donde lo golpearon con un bate, lo asfixiaron y le aplicaron electricidad para obligarlo a grabar una confesión.
Otro caso corresponde a un joven de 16 años con trastorno del espectro autista, arrestado el 2 de agosto de 2024. Según la Misión, fue sometido a asfixia y descargas eléctricas para forzarlo a grabar un video incriminatorio.
Los efectos psicológicos en los adolescentes liberados incluyen estrés postraumático, ansiedad, alteraciones del sueño, aislamiento social y episodios de violencia. Las familias también sufrieron depresión, agotamiento emocional y problemas de salud a raíz de la incomunicación.
Protestas reprimidas con castigos desproporcionados
De los 220 casos, 216 adolescentes fueron excarcelados bajo medidas cautelares que la ONU calificó como inadecuadas y más severas que las aplicadas a adultos, pues muchos deben presentarse cada ocho días ante tribunales de Caracas. Mientras tanto, cuatro jóvenes permanecen en prisión: tres en La Guaira y uno en Lara.
La Misión responsabilizó directamente a jueces de varias regiones por avalar estas irregularidades y advirtió que las protestas en Venezuela no solo se reprimen con detenciones arbitrarias, sino con un patrón sistemático de tortura y violaciones al debido proceso que afectan gravemente a la niñez y adolescencia.
Con información de Tal Cual
