Por Jhoalys Siverio @jhoalys
Los testimonios que la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas recogió sobre la violencia sexual, en el contexto del Arco Minero del Orinoco, no solo deja constancia de los abusos a los que se someten principalmente mujeres, adolescentes y niñas. Si bien algunas acceden a la prostitución por necesidad, otras terminan por coacción de los “sindicatos”.
El trabajo sexual en las minas al sur de Bolívar funcionan mediante las currutelas, nombre asociado a corruptelas y que introdujeron garimpeiros brasileños. Son especies de locales con los que cuenta cada campamento minero, y cuyo dueño debe pagar una cuota al sindicato para estar allí.
“En los centros urbanos y periurbanos, las mujeres y niñas suelen ofrecer servicios sexuales en las calles y en las plazas, como en los casos de El Callao y Sifontes. En esos entornos, algunas trabajadoras sexuales las conocen popularmente como ‘cafeseras’, ya que parecen estar vendiendo café, pero es generalmente sabido que también ofrecen servicios sexuales”, incluye la Misión en su informe.
Testimonios
Uno de los testimonios que recabó la Misión fue el de una trabajadora sexual. Relató que ella y otras compañeras sufrieron violencia física y sexual cerca de la terminal del Kilómetro 88. Nunca denunció por miedo a las represalias. Además, no solo los miembros de los sindicatos figuran como victimarios, también agentes estatales.
“Un minero que trabajó en varias minas alrededor de El Callao entre 2002 y 2021 explicó a la Misión que los miembros de los sindicatos violaban a las mujeres que querían: ‘si a un malandro le gustaba una mujer, iba a buscarla y ella no podía negarse’. Este minero escuchó hablar de muchos casos de mujeres ofreciéndose a los miembros de las bandas para proteger a sus hijas: ‘Los malandros venían a buscar a las niñas, y las madres suplicaban que se acostaran con ellas en su lugar, para proteger a sus hijas’”.
Sin salida
Un militar también dio fe de que muchas mujeres llegan a las minas por cuenta propia. Agregó que una vez en esta red, no las dejan salir.
En el informe citan un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, de 2020, sobre las formas de esclavitud moderna en el estado Bolívar. Allí se hace referencia al caso de una adolescente de 15 años acosada por un minero en la plaza Bolívar de Tumeremo.
“La joven se negó y fue amenazada de muerte por ese rechazo. La adolescente fue entonces obligada a trasladarse a la mina con el joven. Una vez al mes los miembros del sindicato le permitían bajar al pueblo para ver a su madre, pero siempre bajo supervisión”, reseñó.
Entre los testimonios hay casos de secuestros y presunta desapariciones forzosas. A la víctima se le vio por última vez cuando un minero se la llevó bajo coacción. También retienen a niñas en contra de su voluntad.
Una gran parte de las mujeres que realizan trabajo sexual han acudido a las zonas mineras por la falta de alternativas económicas (…) Así, las mujeres suelen ser obligadas a realizar servicios sexuales sin poder salir libremente de las minas o locales donde trabajan”.
Consecuencias
Rechazar a un minero o un pran conlleva a la violación, la violencia física o la muerte.
“Una mujer que trabajó en una mina en Las Claritas hasta 2018 afirmó que, en la mina, a las mujeres que rechazan a un hombre, las golpean y las maltratan. Ella explicó que, si a una mujer la solicita un miembro del sindicato, ‘la única manera de que salga de allí, lamentablemente es que se haya muerto porque por su voluntad no la dejan salir’”, se lee en el informe.
Otras llegan por captación bajo falsas ofertas de empleo. Al llegar al lugar, las obligan a prostituirse.
Sobre el abuso por parte de agentes estatales, la Misión recibió denuncias sobre funcionarios que se aprovecharon de las mujeres y abusaron de su posición de poder para obtener sexo de manera gratuita.
Explotación infantil
Algunos testimonios de menores de edad afirmaron ejercer la prostitución libremente. Sin embargo, la Misión se ampara en los estándares de derecho internacional para desestimar ese supuesto consentimiento sexual por ser menores de 18 años.
“La explotación sexual de niñas y adolescentes es particularmente frecuente en las minas. Organizaciones locales especializadas en derechos de los pueblos indígenas han denunciado que muchas de las currutelas y locales donde se ejerce la prostitución, esclavizan a niñas y adolescentes indígenas, cada vez de menor edad, por la preferencia por las más jóvenes”.
Uno de los testimonios indicó que vio al menos a 25 niñas y adolescentes trabajando en currutelas de San Luis de Morichal, en Sifontes. Las de mayor vulnerabilidad son niñas y adolescentes solas o en situación de pobreza.
Esta situación no se centra solo en el sur. Del sector de Vista al Sol, en San Félix, también hay niñas que viajan a las minas para prostituirse. Este hecho lo naturalizan sus familias como una forma de que lleven ingresos económicos al hogar.
Así, se dan casos como el de “una adolescente de 16 años que se fue a Santa Elena de Uairén con engaños para cuidar de otros niños. Al llegar al lugar la pusieron a ofrecer servicios sexuales”.
O que en Tumeremo, según testimonio de un minero, se organicen fiestas los fines de semana para rifar la virginidad de niñas. El entrevistado habló de que “se ofrecían niños también, según el interés sexual del minero”.
Una adolescente indígena reveló a la Misión que ejerció la prostitución por necesidad, pero para soportar tomaba alcohol y se drogaba.
Las alcabalas
Las decenas de alcabalas que hay a lo largo del sur de Bolívar y la frontera con Brasil se aprovechan para que funcionarios abusen de su poder. Obligan a sus víctimas a acceder a actos sexuales con la retención de sus documentos de identidad, por ejemplo.
“En septiembre de 2021, una mujer venezolana que viajaba por la Troncal 10 desde El Callao hacia Brasil con sus hijos e hijas menores de edad, le relató a la Misión que, al pasar por unas alcabalas en el camino, varios efectivos de la GNB le pidieron que les hiciera actos de naturaleza sexual para dejarla pasar”.
En 2020, durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, el cierre de la frontera con Brasil sirvió para que militares cobraran sobornos a cambio de permitir el paso. Otros optaron por cruzar por trochas, donde se conseguían también a militares o miembros de grupos criminales que también exigían “vacunas” o favores sexuales.
