Leandro Stoliar, uno de los periodistas brasileños. (Foto @sntpvenezuela)
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La Asociación Brasileña de Radio y Televisión (Abratel) repudió vehementemente la detención de dos periodistas brasileños por parte del Servicio de Inteligencia venezolano y en un comunicado afirmó que “tal decisión es abominable y digna de un régimen dictatorial que no acepta el libre ejercicio de la prensa y temen a la verdad”.

De acuerdo con Abratel, todos los equipos y material periodístico producido por el periodista Leandro Stoliar y su camarógrafo Gilzon Souza de Oliveira fueron confiscados por las autoridades de Venezuela.

El sábado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela confirmó que los dos periodistas brasileños y los venezolanos Jesús Urbina y María José Túa, coordinadores en la ciudad de Maracaibo de la ONG Transparencia Venezuela fueron abordados por las autoridades de ese país.

Estas cuatro personas estaban grabando imágenes del llamado puente de Nigale, una estructura inconclusa prometida en 2005 por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y que sería una segunda opción para el paso de vehículos sobre el Lago de Maracaibo.

Según el sindicato, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) les ordenaron a los cuatro ciudadanos conducir, escoltados, hasta la sede del cuerpo de inteligencia en esa entidad “para una entrevista”.

El SNTP indicó en enero que siete corresponsales extranjeros han sido “expulsados” del país en el último año.

Venezuela resultó salpicada por el caso de los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht en varios países.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos que señalan que la compañía brasileña pagó unos 98 millones de dólares en Venezuela, entre 2006 y 2015, a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” para “obtener y retener contratos de obras públicas”.

Sobre el asunto, este domingo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió a la Justicia de su país aplicar “mano dura” a quienes resulten implicados en los supuestos sobornos pagados por la constructora.




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