Diversas organizaciones que luchan por los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), comparecieron este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar el clima de abusos «sistemáticos» que se vive actualmente en Venezuela.
«El diagnóstico es claro», subrayó la investigadora de HRW Tamara Taraciuk Broner, quién a continuación enumeró algunas de las principales violaciones de derechos humanos perpetradas, según su organización, por el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Taraciuk Broner hizo referencia a las ejecuciones extrajudiciales, las torturas o las injerencias en el sistema judicial, todas ellas violaciones llevadas a cabo por las autoridades venezolanas con claro objetivo: «Aferrarse al poder».
«Hemos documentado que las Fuerzas de Seguridad cometieron abusos sistemáticos. No se trata de acciones de un agente determinado, sino que forman parte de un patrón», denunció.
En un sentido similar se expresó la abogada venezolana Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla, quien habló de la «institucionalización de la tortura en Venezuela«, ejecutada «de forma sistemática» por la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana o por agentes cubanos que se encuentran en el país.
«En Venezuela nada se ejecuta sin que Nicolás Maduro y su estructura criminal lo sepan», sostuvo Sujú.
De acuerdo con Valentina Ballesta, investigadora de Amnistía Internacional, no cabe duda de las «graves violaciones de los derechos humanos» cometidas a manos de las autoridades venezolanas.
«En la mayoría de los casos documentados, la finalidad de esta tortura es castigar a la víctima por su participación en movimientos o protestas sociales», explicó Ballesta, quien lamentó que, además, esta práctica tiene «un efecto amedrantador en el resto» de los ciudadanos.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, coincidió con las activistas al señalar que las autoridades venezolanas han creado un «clima de animadversión» contra quienes no comulgan con el gobierno de Maduro e instó a los estados miembro de la OEA a adoptar «las medidas necesarias» para poner fin a esta situación.
No obstante, fue Taraciuk quien planteó a todos los presentes la cuestión a la que, en estos momentos, se enfrenta la comunidad internacional al expresar en voz alta: «La gran pregunta ahora es qué hacer con esta información».
La representante de HRW abogó por continuar con las sanciones individuales -no aquellas que puedan afectar a la población- y por la creación de una comisión internacional de investigación en el marco de las Naciones Unidas, e insistió en que estas medidas deben adoptarse en paralelo al margen de cualquier negociación política.
A este respecto, la secretaría general de la OEA anunció que la semana próxima presentará una resolución que, entre otras medidas, establecerá la creación de una comisión de investigación -de la que podría hacerse cargo la CIDH- que trabaje sobre el terreno, una posibilidad que el propio Abrão calificó de «factible», pero complicada debido a los «muchos obstáculos» que habría que superar.
El venezolano Gustavo Tarre, representante en la Organización de Estados Americanos (OEA) del líder opositor Juan Guaidó, reconoció que «es poco probable» que dejen entrar al país a una comisión de la CIDH pero no cerró las puertas a qué pueda suceder.
«¿Qué quita? A veces queda un poquito de vergüenza, porque indudablemente no permitir el acceso a la CIDH al territorio venezolano es una confesión absoluta y descarada de que no quieren que se investigue (…) y cuando uno no quiere que lo investiguen es porque algo malo está haciendo», concluyó Tarre. EFE
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