Jhoalys Siverio/ Correo del Caroní
La ONG Aula Abierta Internacional compartió con representantes universitarios de Venezuela, Cuba, Nicaragua y México, en relación con políticas de Estado que han significado zarpazos a la autonomía universitaria y, por ende, un peligro para el futuro de estas instituciones y el libre pensamiento.
Entre los ponentes estuvo Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien destacó que los que están al frente de las universidades autónomas en Venezuela han recibido ataques de todo tipo.
“Desde el 2012 la sala del Tribunal Supremo de Justicia ha intervenido en los procesos electorales de las universidades, con sentencias que perjudican los procesos electorales, tanto de autoridades como estudiantiles”, señaló.
Además, la asfixia presupuestaria ha hecho que las estructuras universitarias sean precarias, a la vez que intervienen figuras arbitrarias creadas, como la de los protectorados.
Keta Stephany, secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), se refirió al tema de las negociaciones colectivas de salarios.
El desconocimiento de las asociaciones de profesores, la precarización del trabajo, la inseguridad social y prácticamente la desaparición del salario, ha llevado a casi un cierre técnico de las casas de estudios. “Y los bajos salarios llevan a nuestro profesores a situación de pobreza extrema”.
Agregó que la falta de recursos para investigaciones impide el intercambio de conocimientos con universidades internacionales.
“Si no se fortalecen los ingresos se comete una catástrofe porque los profesores seguimos envejeciendo, y hay un mayor peligro por la destrucción de la educación como política de Estado, causa de una importante fuga de talento y de la generación de relevo”, advirtió.
La persecución a los estudiantes
Ernesto Medina, en representación de los rectores de universidades ilegalizadas en Nicaragua, explicó el origen de las protestas que terminaron con el encarcelamiento de estudiantes.
Explicó que en Nicaragua existe una política de control que incluye a las universidades, a partir del movimiento de protestas que se dio en abril de 2018. Esto se originó por la reforma a la Ley de Seguridad Social, que afecta a los pensionados, quienes salieron a protestar y las fuerzas represivas del gobierno de Daniel Ortega arremetieron contra ellos. Ello conllevó a que la facultad y estudiantes se sumaran en rechazo.
La consecuencia fue la expulsión de estudiantes, ya que hubo autoridades universitarias que identificaron y entregaron listados y expedientes de ellos a las autoridades gubernamentales.
Medina aseguró que en Nicaragua hay cientos de estudiantes que han tenido que huir del país por temor a represalias.
Además, se clausuraron seis casas de estudios, bajo el amparo de un paquete de leyes con las que se sirvieron para crear tres nuevas universidades públicas, pero en las mismas instalaciones que clausuraron, es decir, expropiaron esos espacios.
Javier Martín Reyes, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) México, advirtió que en este país “se cursa una ruta de intervención, captura y destrucción de las instituciones educativas que representan el pensamiento crítico, que no hace eco a las voces del oficialismo”.
Agregó que esto se consuma en cuatro etapas o pasos. La primera de ellas con acusaciones de corrupción sin pruebas ni fundamentos. En segundo lugar, hay una escalada en las acusaciones mediáticas a instancias criminales.
“Acusaron a 31 investigadores científicos de delincuencia organizada, para encarcelarlos. Afortunadamente el Poder Judicial, que mantiene rasgos de autonomía, ha negado las órdenes de aprehensión porque no tienen fundamento”, destacó.
En tercer lugar, no se toman en cuenta las necesidades y condiciones sociales de los solicitantes de becas. Adicionalmente, etiquetan a los universitarios de partidistas, acusándolos de ser un frente de los partidos políticos.
David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta Latinoamérica, resaltó que estos patrones de ataques sistemáticos contra la libertad académica y la autonomía universitaria, se repiten en las universidades de América Latina.
Nota de Correo del Caroní
