El abogado Pablo Aure piensa que tal vez hay buena intención con la promulgación de la Ley de Convivencia Ciudadana del Estado Carabobo, pero estima que desde el punto de vista legal, ésta es inconstitucional por donde se vea y por lo tanto inaplicable.
En su opinión, por muy loables que sean las leyes, no pueden contravenir en el estamento legal vigente en Venezuela, y eso lo deberían saber los legisladores.
Aure refirió que si bien la Ley de Tránsito Terrestre establece sanciones de pago de 10 unidades tributarias, para quien no use el cinturón de seguridad o irrespete la luz en los semáforos, por ejemplo, una ley regional no puede aplicar sanciones por encima de ese monto (3.500) como establece la de Convivencia Ciudadana. Ninguna ley regional no puede alterar el contenido de una ley nacional.
El secretario de la Universidad de Carabobo les recuerda a los legisladores regionales y al gobernador Rafael Lacava, que existe la pirámide de Kelsen, referida al sistema jurídico escalonado.
No obstante apuntó que tiene la impresión de que las leyes regionales sancionatorias, tienen un claro propósito recaudador, porque los gobernadores están tratando de obtener de esa manera, el dinero que el Gobierno Nacional no les envía.
Pablo Aure subrayó que no se puede cubrir un hueco fiscal, recurriendo al asalto de los bolsillos de los ciudadanos, para no exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con su responsabilidad.
Aure dijo que si en Venezuela realmente existiera verdadero Estado de derecho, y los legisladores tuvieran pleno conocimiento de la legislación y del derecho, no se les hubiese ocurrido aprobar una ley así, porque deberían saber a quién corresponde la reserva legal.
El abogado apuntó que todo lo referido a la regulación de ruidos y asuntos relacionados con desechos sólidos, es materia municipal, porque así lo establece la Constitución. Citó que en Valencia existe una ordenanza contra ruidos molestos, que prevee el tipo de sanciones a establecer.
Aure manifestó que esta ley es inaplicable desde el punto de vista legal, pero no tiene dudas que la hagan cumplir, porque en Venezuela no existe Estado de derecho ni independencia de poderes, sino que se hace lo que dice el Ejecutivo.
