Agentes de la Policía y de la Fiscalía del estado brasileño de Río de Janeiro pusieron hoy en marcha un operativo para cumplir 84 mandatos de prisión contra sospechosos de pertenecer a una red de narcotráfico que opera en una favela de esta ciudad, informaron fuentes oficiales.

En el operativo, que se desarrolla en la favela de Cavalao, región metropolitana de Río de Janeiro con el apoyo de dos helicópteros y agentes de diferentes comisarías de la región, tiene también tiene por objetivo la incautación de armas, municiones, drogas y otras pruebas que comprueban el movimiento criminal del grupo que actúa en la región.

De acuerdo con las autoridades, la red delictiva que opera en la favela Cavalao es conocida como una banda compleja y bien organizada, liderada por Reinaldo Medeiros Ignacio, conocido como «Kadá».

«Kadá», quien está recluido en la penitenciaría de seguridad máxima de Mossoró, en el estado de Río Grande do Norte, tendría el apoyo de otros líderes que están presos en diferentes cárceles de Río y quienes, al parecer, coordinan las labores delictivas desde las prisiones por medio del uso de teléfonos celulares.

Las investigaciones indicaron que la red criminal obtiene ganancias que giran alrededor de los 150.000 reales por semana (unos 40.540 dólares) por la compra y comercialización de grandes cantidades de estupefacientes, beneficios que pueden llegar hasta 800.000 reales al mes (unos 216.216 dólares)

El estado de Río de Janeiro atraviesa una grave crisis de violencia que empezó tras la celebración de los Juegos Olímpicos de 2016, se agravó en 2017 y alcanzó su pico en este año.

La ola de homicidios y el control ejercido por bandas de traficantes y milicias en varias partes de la ciudad más emblemática de Brasil obligaron al presidente, Michel Temer, a decretar el pasado 16 de febrero una intervención militar en el área de seguridad del estado de Río.

Con esa decisión el Gobierno dejó en manos de las Fuerzas Armadas el control del orden público de la región y el comando de los diferentes cuerpos de seguridad.

Sin embargo, la presencia del Ejército, prevista hasta finales de este año, no se ha traducido en un descenso significativo en los índices de violencia tras cuatro meses de intervención.




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