Averu ANC
(Foto Cortesía UC)
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Durante una rueda de prensa realizada en la Universidad Central de Venezuela, integrantes de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), informaron sobre la demanda de nulidad que introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia, contra los decretos Nº 2.830 y 2.831 de fecha 1 de mayo de 2017, por considerarlo inconstitucional.

Un grupo de rectores, entre los que se encontraba la presidenta de la Averu, Cecilia García Arocha; Jessy Divo de Romero, rectora de la Universidad de Carabobo, así como otras autoridades de las universidades de Los Andes, Zulia, Oriente, Simón Bolívar, Universidad Nacional Experimental Politécnica (UNEXPO), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA) y Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), comunicó que en interés de defender y rescatar la vigencia de la Constitución, y procurar el respeto y estricto cumplimiento de la misma, (la Averu) interpone ante el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, una demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad contra los Decretos N° 2.830 y 2.831 de fecha 1° de mayo de 2017, publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.295 de la misma fecha, por  quebrantar de forma flagrante los artículos 2, 3, 5, 7, 62, 63, 64, 70, 71, 137,  205, 236.1, 347, 348 y 349 de la Constitución vigente”.

En el texto leído por la presidenta de la Averu, Cecilia García-Arocha, se indica que mediante estos decretos, el Ejecutivo Nacional convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, creó una comisión presidencial dirigida a elaborar una propuesta de las bases comiciales, territoriales y sectoriales que servirán de fundamento y conformación de dicho proceso constituyente, pretendiendo desconocer la soberanía popular y arrebatarle al pueblo de Venezuela su condición de ‘depositario del poder constituyente originario. Negando el derecho de los venezolanos a la libre participación ciudadana y el derecho al voto”.

Explicó en forma detallada, los errores en los que a juicio del cuerpo, representan “violaciones constitucionales” en las cuales incurre el Ejecutivo Nacional”.

Las violaciones constitucionales en la cual incurre el Ejecutivo Nacional al Dictar los citados Decretos son las siguientes:

1.-Artículo 347 de la Constitución: establece como condición que únicamente es válida la convocatoria de una  Asamblea Nacional Constituyente cuando tenga por objeto  “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución” y en el llamado a convocatoria  se establecen unos objetivos programáticos  referidos a la paz del país, el diálogo, como reconocimiento político, el perfeccionamiento del sistema económico, constitucionalización de las misiones  y las nuevas formas de democracia participativa (comunas, consejos comunales consejos de trabajadores), Defensa de la soberanía, integridad de la Nación, garantía del futuro de nuestra juventud y preservación de la vida en el planeta.  Propuestas estas recogidas en la constitución del año 1999, por lo que solo basta el cumplimiento nuestra constitución vigente.
2.-Artículos 137,347 y 5 de la Constitución  referidos a la usurpación por parte del Presidente de la República  de la potestad atribuida de manera exclusiva y excluyente al pueblo de Venezuela para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, toda vez que el pueblo de Venezuela, es el depositario del Poder Constituyente originario y es quien puede convocar, y de acuerdo con el artículo 5 constitucional, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente.
El Presidente de la Republica, de acuerdo con el artículo 348 constitucional sólo tiene la iniciativa de convocatoria la cual debe presentar ante el Consejo Nacional Electoral, órgano que debe limitarse a la fase aprobatoria que consiste en convocar a un referéndum aprobatorio, de conformidad con el artículo 73 de la carta magna.
 3.-ViolaciÓn del artículo 63 constitucional, referido al sufragio que se ejerce mediante votaciones libres, directas y secretas y a la personalización del sufragio y representación proporcional; y articulo 64, referido a quienes son electores (todos los venezolanos).
El Presidente de la República mediante el artículo 2 del Decreto 2.830 pretende que los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente sean elegidos mediante el voto de ámbitos territoriales y sectoriales (comunas, consejos comunales, sindicatos asociación de mujeres, estudiantes, entre otros.) quienes tendrán un 50% de representación  en la Asamblea Nacional Constituyente.
Como es  del conocimiento público, el gobierno controla los integrantes  de  muchos de esos sectores y por ende su registro, tales como la totalidad de los Consejos Comunales que son entes totalmente dependientes del mismo, tanto económicamente como en su gestión, los integrantes de las Misiones, entre otros. Esta conformación a través de ámbitos sectoriales  constituye una supresión del  carácter  libre del voto. La intención de esa “omisión” queda revelada claramente en las declaraciones públicas  del Ministro Elías Jaua,  quien por cierto es el Presidente  de la Comisión Presidencial  encargada de  redactar las bases comiciales,  conforme a  las cuales solo podrán  votar en el caso de los trabajadores aquellos que aparezcan  registrados en el IVSS,  de tal forma que serán excluidos del correspondiente registro electoral sectorial  todos aquellos que no figuren en los archivos del referido Instituto, además esos registros están  bajo la custodia de un  ente público enteramente subordinado al Ejecutivo; de allí que la referida “omisión” atenta contra el principio de libertad del voto,  porque  además el registro electoral de  los colegios organizados sectorialmente se nutrirán exclusivamente de los registros  oficiales que proporcione el gobierno.
4.-Violacion del artículo 2 y 145 de la Constitución, toda vez que en el Decreto 2.831 nombra una comisión presidencial integrada por 5 Ministros, un embajador, un gobernador,  dos diputados, el Consultor Jurídico de la Presidencia de la República y tres conocidos militantes del partido de gobierno, la cual debe cumplir una  función pública como es “la elaboración de una propuesta para las bases comiciales territoriales y sectoriales, así como para los principales aspectos que servirán de fundamento a la conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente”, sin respetar el pluralismo político y obviando que los funcionarios públicos no pueden estar al servicio de parcialidad alguna.
5.- Violación de los Artículos 137 y 349 de la Constitución, referidos al abuso de Poder por parte del Presidente de la República por cuanto ordena que las bases comiciales regularan aspectos fundamentales del funcionamiento de la Asamblea Nacional, cuando esa es una competencia que debe ejercer dicha Asamblea, configurándose la usurpación de una de las competencias de este órgano supraconstitucional.
6.- Se solicita que la Sala Constitucional acuerde Medida Cautelar de suspensión de efectos de los Decretos N°. 2.830 y 2.831 ya que están viciados de nulidad por inconstitucionalidad, por cuanto están usurpando el derecho del depositario del poder constituyente originario de decidir si convoca o no convoca la referida Asamblea Constituyente, violando además los principios de democracia y soberanía establecidos en la Constitución.
En el Día de ayer 23  de Mayo, el Presidente de la República consignó ante el CNE las bases comiciales, con lo que queda demostrada la flagrante usurpación de la soberanía al imponer las condiciones de elección de los constituyentes.
El Presidente de la República no toma en cuenta la diferencia de las fases del proceso constituyente conforme al texto constitucional, es decir, confunde la “iniciativa” para convocar la constituyente (artículo 348 de la Constitución) con la “convocatoria” de la constituyente  prevista en el artículo que establece que el pueblo, como depositario del poder constituyente, es quien decide sobre su convocatoria, y el artículo 5 de la Constitución es todavía más claro, al establecer que la a soberanía reside en el pueblo, y nadie –incluyendo al Gobierno– puede quitarle al pueblo esa soberanía.
Finalmente, las bases propuestas por el Gobierno limitan el derecho de participación ciudadana al regular quiénes podrán postularse al cargo de constituyente, y solo la voluntad del pueblo venezolano puede limitar a la propia soberanía popular, y es por ello que las bases de la constituyente deben ser aprobadas por el voto de no ser así esa aprobación configura una limitación ilegítima al derecho de participación ciudadana.

 

Prensa UC




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