La más reciente investigación del portal Armando.Info señala que, con la venia del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y el Ministerio de Turismo, un grupo de empresarios levanta ocho excéntricas construcciones en el archipiélago de Los Roques, único parque marino del país, certificado además como uno de los arrecifes más grandes y mejor conservados del Caribe.
Las autorizaciones se saltan toda la normativa dispuesta para proteger la naturaleza de sus vulnerables islas. Así, la “revolución bolivariana”, sedienta de dólares, entrega sin miramientos el santuario de fauna marina de aguas turquesa ubicado al norte del litoral central.
Hoy parecen peligrar las más de 300 islas y cayos que conforman el Parque Nacional Los Roques, considerado por conservacionistas y científicos como una de las fantasías orgánicas más maravillosas del mundo, reservorio de 307 especies de peces, 92 tipos de aves y cuatro de tortugas marinas.
Del uso restringido al usufructo desmedido
Durante años, su uso turístico ha estado restringido pero un conjunto de armazones de concreto, revelador de la nueva política de turismo del gobierno venezolano, afea la imagen de la paradisíaca zona protegida, en aras de un “turismo premium”.
Señala el trabajo de la periodista María Antonieta Segovia que las ocho nuevas estructuras dan la bienvenida a los visitantes cuando estos apenas aterrizan en la corta pista de aterrizaje de la isla de Gran Roque, la única habitada del archipiélago, a 176 kilómetros al norte de Caracas.
Se trata de controvertidos proyectos privados en desarrollo, tanto por la exclusividad y lujo de sus instalaciones como por la violación evidente de la normativa ambiental que protege al parque nacional, para lo cual el presidente de Inparques para el momento de inicio del proyecto, Jorge Alejandro Medina Murillo, pasó por alto una decena de regulaciones ambientales y todas las restricciones para el uso de áreas próximas a aeródromos establecidas en las leyes de aeronáutica civil.
Además, las edificaciones, de dos pisos y medidas superiores a las dimensiones permitidas en el Plan de Ordenamiento, fueron autorizadas en la cabecera noreste de la pista de despegue, un terreno prohibido y peligroso que, en compensación, otorga a los selectos propietarios el privilegio de un club cerrado, al que solo se accede por vía marítima.
Destrucción del ecosistema
Las obras, ya adelantadas, destruyeron los manglares en el área para construir los puertos privados, única forma de acceso a las viviendas, cercadas al norte por la pista de aterrizaje y al sur con el mar.
Para vencer las barreras naturales se construyeron espigones o malecones con rellenos de materiales sólidos arrojados al mar tras cortar y destruir los manglares, hacer movimientos de arena y relleno de lagunas.
“Construir a orilla del mar, talar y rellenar manglares es un ilícito ambiental”, detalla José Ramón Delgado, oceanógrafo y director de la Fundación Caribe Sur, una iniciativa que promueve la creación del Primer Corredor Ecológico Marino de Venezuela, que abarcaría los archipiélagos de Las Aves, La Orchila y Los Roques.
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