Denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes plasmó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en un nuevo informe difundido este viernes, que incluye algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación.
En un reciente informe, fechado el 21 de junio, Bachelet aseguró que se mantienen las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a los privados de libertad en Venezuela, según constataron miembros de su equipo en Venezuela, quienes realizaron entrevistas con víctimas, testigos y defensores de
los derechos humanos, así como reuniones con funcionarias y funcionarios públicos.
El escrito precisa que no se tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021.
El informe también documenta 17 casos de muertes presuntamente ocurridas en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas, que coinciden con los patrones de ejecuciones extrajudiciales. «En 12 de los casos documentados, los autores irrumpieron en los hogares de las víctimas. Los testigos entrevistados por el ACNUDH informaron de que los agentes de seguridad utilizaron la violencia, incluida la violencia de género, para controlar a los testigos y separar a las víctimas de sus familiares».
Según el documento, la dinámica y las prácticas observadas por la comisión en informes anteriores continúan suscitando preocupación. «Después de haber denunciado casos de tortura o malos tratos ante los tribunales, las personas detenidas fueron devueltas a la custodia de los presuntos responsables de los malos tratos denunciados, sin que los jueces o los fiscales adoptaran medidas preventivas para proteger a las víctimas»
La violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva se mantiene, según el informe. Las féminas son custodiadas por hombres, lo cual es ya un riesgo. Reflejan el caso del asesinato, por parte de un policía de Barinas, de una mujer bajo custodia policial que se negó a participar en actos sexuales. Bachelet aplaudió la acusación del agente de policía que presuntamente disparó a la víctima, pero pidió una investigación a fondo de las denuncias de violencia sexual hechas por otras detenidas”.
En el informe, difundido por Infobae también advierten que se desconoce el paradero de varias personas, entre los que se encuentran el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, detenido desde septiembre de 2018, y Hugo Enrique Marino Salas, detenido desde abril de 2019.
La ACNUDH denunció la violación sistemática de los derechos a la libertad, a la libertad, a un juicio sin dilaciones indebidas, a un juicio imparcial y a la asistencia jurídica de las personas acusadas.
A todo lo anterior se suma el uso rutinario y abusivo de la detención preventiva, sin que además se tengan presentes medidas alternativas a la detención, sobre todo en un contexto de pandemia de COVID-19 donde el país caribeño cuenta con un sistema de salud deficiente y con la mayoría de su población viviendo en la pobreza extrema.
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