El hecho de que en los primeros 56 días del año 3 países de Latinoamérica (México, Costa Rica y Honduras) hayan solicitado visas a venezolanos para tratar de contener el segundo flujo migratorio más grande del planeta después de Siria, país en guerra, prende las alarmas entre investigadores de migración, porque de 194 países en el mundo, un centenar ha impuesto controles fronterizos contra los venezolanos, algo que catalogan de “inútil”, ya que la experiencia demuestra que estas políticas no frenan el éxodo masivo y sólo fortalecen a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, la prostitución de mujeres y niños, tráfico de órganos y el reclutamiento de criollos para integrar grupos guerrilleros o ser carne de cañón para el hampa común.

En Latinoamérica y el Caribe son 27 países los que piden visas. Sólo Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia no han impuesto barreras migratorias, reseña La Prensa de Lara.

Alexander Campos, experto en migración y director del Centro de Investigaciones Populares, en 2017 Panamá fue el primer país del hemisferio en solicitarle visa a los venezolanos, en 2018 se sumaron Guatemala, Chile, Santa Lucía; en 2019 Perú, Trinidad y Tobago, Ecuador, Aruba y República Dominicana. En 2020 y 2021 estas prácticas se frenaron por la pandemia, pero se volvieron a activar apenas inició el 2022 con México, presionado por Estados Unidos por la cantidad de venezolanos que cruzaron la frontera sur y norte de ese país de manera irregular el año pasado.

“Todos los datos que tenemos demuestran que las visas no han impedido que los venezolanos se dejen de desplazar hacia países como Chile, que hasta aplican la deportación violando todos los tratados internacionales. Por la frontera entre Bolivia y Chile ingresan diariamente 100 venezolanos. En Perú, desde que aplicaron visas la migración aumentó, igual en Trinidad y Tobago a pesar de las desgracias ocurridas, como el asesinato de un niño por un guardia costero que disparó contra una humilde embarcación”, expresó.

Afirma que estas medidas terminan siendo dolorosas para los ciudadanos que huyen de la crisis económica y política de Venezuela y terminan siendo también contraproducente para el mismo país receptor. “Van a entrar de manera ilegal, esas naciones no van a saber quiénes están ingresando y eso les va a acarrear todo tipo de inconvenientes”, apuntó Campos.

Para el sociólogo, Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, las consecuencias directas de la solicitud de visas es un mayor costo económico para los países que las imponen, porque tienen que desplegar en las fronteras terrestres y marítimas mayor cantidad de funcionarios de seguridad. También produce la existencia de caminos irregulares o trochas controladas por redes del crimen organizado y adicionalmente genera un sistema de corrupción entre los mismos funcionarios de control fronterizo.

“La política que está mostrando Colombia es la más adecuada, porque le dice a los venezolanos yo te regularizo, permito tu inserción, tu aprovechamiento, aun cuando están llegando sin pasaporte y sin cédula ya que los documentos de identidad no son garantizados por el régimen de Nicolás Maduro. El tema de la gestión de visas siempre genera problemas, el mejor ejemplo es Estados Unidos, un país hiperdesarrollado, que ha construido muros de varios metros en la frontera con México y sigue entrando gente ilegalmente”, dijo.

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