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El Gobierno de Bolivia advirtió hoy que no es suficiente el juicio civil contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada en Estados Unidos, ya que mantiene su demanda para que sea enjuiciado por lo penal en su país.

“No es suficiente, queremos enjuiciarlo aquí en Bolivia“, subrayó el presidente en ejercicio de Bolivia, Álvaro García Linera, en un acto en El Alto, ciudad vecina de La Paz.

García Linera, en ejercicio al estar fuera del país el presidente de Bolivia, Evo Morales, se refirió en su discurso al juicio que comienza este lunes en una corte federal de Fort Lauderdale, en Florida (Estados Unidos), contra Sánchez de Lozada por las muertes de civiles en 2003 en la conocida “guerra del gas”.

El también vicepresidente de Bolivia recordó que aquel conflicto social se produjo por el proyecto del entonces Gobierno boliviano de vender gas a países como Chile, mientras ciudades bolivianas como El Alto carecían de suministro de este recurso.

El Alto, con unos 800 mil habitantes, fue una de las ciudades con más movilizaciones y donde más cruenta fue la actuación de fuerzas policiales y militares.

El entonces presidente ordenó matar a los alteños, aseguró García Linera sobre los setenta muertos y quinientos heridos de aquella represión.

La autoridad añadió que tras esos hechos Sánchez de Lozada se escapó a Estados Unidos, tras dimitir como presidente.

“El día de hoy ese criminal está siendo enjuiciado para indemnizar a las familias de los afectados por esa matanza”, indicó.

Sin embargo, el Gobierno boliviano persiste en su pedido a Estados Unidos para que ojalá algún día se pueda hacer justicia en Bolivia, agregó.

En opinión del presidente en ejercicio, en Estados Unidos el exmandatario está protegido, pero algún día la justicia llegará y ese hombre estará aquí frente a los alteños.

García Linera hizo estas declaraciones durante una entrega de viviendas en El Alto como presidente en ejercicio, al encontrarse Evo Morales en Venezuela en una reunión de países de la alianza bolivariana ALBA.

Estados Unidos rechazó en 2012 el pedido de extradición del Gobierno de Bolivia, por incompatibilidad en las legislaciones de ambos países.

El juicio con jurado que se inicia en Estados Unidos corresponde a la última parte del proceso civil iniciado en 2007 contra Sánchez de Lozada y el que fuera su ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, por una demanda de familiares de ocho fallecidos en las protestas de 2003 que reclaman indemnizaciones.

La vista se espera que dure unas cuatro semanas, por la cantidad de demandantes y testigos de ambas partes.

Los líderes de la protesta y sus participantes fueron eximidos de toda responsabilidad por dos decretos de amnistía dictados durante la Presidencia de Carlos Mesa, que era vicepresidente de Sánchez de Lozada y asumió la jefatura de Estado cuando él renunció y se fue a Estados Unidos.




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