El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió este sábado a los marinos de la Armada «hacer los máximos esfuerzos por buscar el encuentro» entre los ciudadanos, unas declaraciones que hizo tras participar en el desfile del Día de las Glorias Navales.
«La Armada es esencial en la continuidad territorial de nuestro país. Y, además, en los momentos difíciles que vivimos, me parece importante decir que todos tenemos que hacer los máximos esfuerzos por buscar el encuentro entre quienes habitan nuestro territorio», dijo el mandatario progresista.
Eso, agregó en declaraciones a los medios, «es a lo que está dedicado nuestro Gobierno, garantizando la seguridad de sus habitantes y también los procesos de más largo aliento que nos garanticen el encuentro entre nuestro pueblo».
Tras dos años sin público por la pandemia, más de 2.000 uniformados de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y el cuerpo policial de Carabineros desfilaron este sábado en Valparaíso, a 110 kilómetros al este de la capital, en honor a los caídos en el Combate Naval de Iquique el 21 de mayo de 1879, en plena Guerra del Pacífico.
«Estar aquí con los próceres de Iquique, sin lugar a dudas, es emocionante porque nos recuerda los valores que inspiran también nuestra patria: la lealtad, el coraje, la humildad y la hidalguía, cosas que hoy tienen plena vigencia», indicó el gobernante, para quien es su primer desfile naval luego de haber tomado posesión el pasado 11 de marzo.
Boric, el mandatario más joven y votado de la historia chilena, acudió al acto acompañado por la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del derrocado presidente socialista Salvador Allende (1973-1900).
Según medios locales, durante el desfile se escucharon gritos y consignas en contra del mandatario por parte de algunos asistentes.
El exlíder estudiantil fue muy crítico con la actuación de las fuerzas de seguridad durante la ola de protestas de 2029, las más graves desde el fin de la dictadura militar, con una treintena de muertos y miles de heridos.
Los cuerpos de seguridad fueron acusados por organismos como la ONU o Amnistía Internacional de haber cometido violaciones a los derechos humanos en la represión de las marchas contra la desigualdad, que se extendieron durante varios meses desde octubre de 2019 hasta que comenzó la pandemia.
