Joesley Batista y Ricardo Saud.
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Joesley Batista, uno de los dueños del frigorífico JBS, se entregó este domingo a la policía luego que la corte suprema de Brasil ordenó detenerlo por sospechar que ocultó información en el acuerdo judicial que originó una acusación de corrupción contra el presidente Michel Temer.

El magnate del negocio de la carne llegó por su cuenta a las dependencias de la Policía Federal en Sao Paulo, al igual que el exejecutivo de JBS, Ricardo Saud, también con pedido de prisión, y serán trasladados este lunes a la sede de la Policía Federal en Brasilia, confirmó a la AFP el abogado Antônio Carlos de Almeida Castro, uno de los defensores de los empresarios.

El criminalista confirmó que ambos estarán detenidos por cinco días, inicialmente.

Existen “indicios suficientes de que los colaboradores omitieron, en el momento de la formalización del acuerdo de colaboración premiada, informaciones que estaban obligados a prestar”, señaló el juez Edson Fachin en su decisión divulgada este domingo.

Fachin suspendió preventivamente los beneficios de la llamada delación premiada, que permitieron a Batista y a Saud conservar su libertad.

En el marco de ese pacto con la justicia, en mayo se divulgó la grabación de una charla de Batista con Temer quien supuestamente consintió que JBS pagara por el silencio de un diputado preso por corrupción.

El juez a cargo del caso rechazó, sin embargo, arrestar al exprocurador Marcello Miller, que dejó la fiscalía y pasó a asesorar a JBS, y que los investigadores sospechan habría ayudado ilegalmente a la empresa.

“Hay indicio de mala fe por parte de los colaboradores, al dejar de narrar que estaban siendo orientados por Marcello Miller, que aún estaba en el ejercicio de su cargo, sobre cómo proceder en las negociaciones, inclusive en lo que dice respecto del auxilio prestado para manipular hechos y pruebas, filtrar informaciones y ajustar testimonios”, afirmó la fiscalía, según cita el texto de Fachin divulgado esta jornada.

Acuerdo en riesgo

El caso JBS llegó a su cenit en junio cuando la fiscalía denunció a Temer en base a la grabación clandestina hecha por Batista, una acusación que pudo haberle costado el cargo, pero que fue bloqueada en agosto por la Cámara de Diputados, que rechazó encaminar el caso hacia la corte suprema.

Ahora, cuando se especulaba con que la fiscalía presentaría nuevas acusaciones contra Temer en base a esa misma evidencia, el acuerdo corre riesgo de ser anulado y dependerá del máximo tribunal determinar si las pruebas que aportó continúan siendo válidas.

La llamada delación premiada es una herramienta que otorga beneficios a quienes confiesen sus delitos voluntariamente y ha sido clave para desentrañar la corrupción sistémica que afecta a Brasil.

La posible anulación del acuerdo más importante en este tipo de investigación, junto al de la constructora Odebrecht, comenzó a gestarse cuando JBS entregó a la fiscalía un audio de cuatro horas grabado inadvertidamente en el que Batista y Saud comentaban posibles delitos que no habían revelado a la justicia.

Tras semanas de ser criticado por el gobierno y parte del mundo jurídico por su generosidad con los implicados, el fiscal general Rodrigo Janot puso el acuerdo en cuestión y ordenó el lunes pasado investigar si los delatores habían omitido parte de sus delitos.

El trance ha costado caro al holding J&S, controlante de JBS. Fue obligado a pagar una multa récord de más de 3.000 millones de dólares y debió desprenderse de valiosos activos, entre ellos parte del paquete accionario de Alpargatas, dueño de la marca de sandalias Havaianas, y el total de su empresa de celulosa Eldorado, que le reportó más de 4.700 millones de dólares.




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