Según Dino, ese mecanismo vigilará esos hechos de violencia y contribuirá con la intención del Gobierno del líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva de «implantar una verdadera cultura de paz y derechos humanos» y garantizar que impere una «auténtica Justicia».
Actualmente, según datos oficiales, Brasil acoge a unos 75 mil refugiados, que en un 70 % llegaron desde Venezuela.
Un 5,1 % procede de Siria y el resto, en su gran mayoría, de países africanos: Senegal (4,3 %), Angola (2,9 %) y la República Democrática del Congo (2,2 %), a los que se suma un 1,8 % de haitianos.
Los afrodescendientes, según subrayó en el acto la presidenta de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), Sheila de Carvalho, han sido en los últimos años víctimas de ataques racistas, promovidos en muchos casos por grupos de ultraderecha, que se expandieron por el país durante la gestión del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
Uno de ellos fue el congolés Moïse Kabagambe, asesinado a golpes a los 24 años en Río de Janeiro hace un año, por un grupo de hombres que reaccionó violentamente cuando reclamó el pago de una deuda laboral en un bar en el que trabajaba.
En su memoria, el Observatorio de Violencia contra los Refugiados ha sido bautizado con su nombre, a fin de que, según dijo Dino, ese crimen, por el que fueron detenidas tres personas que todavía no han sido juzgadas, «no quede impune» ni sea «olvidado».
