El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes, reiteró hoy que su país se opone a “cualquier tipo de intervención en Venezuela” y, aunque dijo que en esa nación “no hay democracia”, la salida a la crisis debe ser “negociada”.

Nunes compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y sostuvo que la situación de Venezuela requiere de un “esfuerzo diplomático”, pero para ayudar en la búsqueda de una “salida pacífica” a la crisis política, económica y social de ese país.

“Brasil se opone a cualquier tipo de intervención. La posición es de respeto a la observancia escrupulosa de los compromisos inscritos en el Protocolo del Mercosur y en la Carta Democrática” de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo el canciller.

En ese marco, apuntó que Brasil considera que “la salida para la situación difícil de Venezuela debe ser negociada, de buena fe y entre todos los actores políticos” de ese país.

Según Nunes, “no puede haber democracia ni es democrático, según la Carta de la OEA, que no haya libertad de organización partidaria, que no haya separación de poderes o que no haya libre manifestación del pensamiento”.

El ministro insistió en que ese “compromiso democrático” fue asumido por Venezuela en su condición de signatario de la Carta de la OEA y, actualmente, “en opinión de Brasil y de otros países, no está siendo cumplido”.

También subrayó que Brasil continuará respaldando “el esfuerzo” de la OEA para “recuperar la democracia” en Venezuela y expresó su deseo de que se alcance una “solución” antes de ese organismo decida suspender a ese país.

Sin embargo, la semana pasada la OEA aprobó una resolución que dio inicio al proceso de suspensión de Venezuela, que fue apoyada por el propio Brasil.

La resolución fue respaldada por 19 países, en tanto que hubo once abstenciones y cuatro de los estados miembros se opusieron: Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Dominica y la propia Venezuela.

El Gobierno venezolano, no obstante, ya pidió abandonar la OEA en abril de 2017, lo que por cuestiones burocráticas del propio organismo solo será efectivo dos años después, en 2019. EFE




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