El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires se convirtió hoy en querellante en un proceso judicial que investiga los incidentes del lunes frente al Congreso de la Nación y estudia presentar una acción civil para que los identificados como autores de daños paguen de su bolsillo las reparaciones.
El procurador general de la ciudad, Gabriel Astarloa, aseguró en declaraciones a la agencia estatal Télam que se presentan como querellantes para proponer medidas de prueba debido a la magnitud y la gravedad de lo sucedido el lunes.
Ese día, durante las multitudinarias protestas por la reforma de las pensiones que se debatía en esos mismos instantes dentro del edificio, la Policía se enfrentó a los manifestantes, con episodios de violencia que a la postre causaron desperfectos en la plaza.
Para Astarloa, no es justo que el resto de vecinos tenga que hacerse cargo de los gastos de reparación.
Por ello, indicó que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires interpondrá una demanda civil contra las personas identificadas para que paguen de su bolsillo los daños que se realizaron en la plaza.
En una jornada, los daños equivalieron a casi la mitad de lo que costó hacer toda la plaza, afirmó Astarloa, en referencia a que se estima que serán necesarios 24 millones de pesos (aproximadamente 1,32 millones de dólares) para reparar los daños de la Plaza del Congreso. EFE
