Decenas de personas que padecen de enfermedades crónicas y severas protestaron este jueves en Caracas para exigir al Gobierno de Nicolás Maduro que les proporcione los tratamientos médicos que pedía la oposición política en el marco del diálogo político que este miércoles fue suspendido.
La coalición de organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud y a la vida de las personas en Venezuela, Codevida, congregó a los representantes de diferentes fundaciones y personas con diferentes enfermedades que informaron sobre la escasez de medicamentos en cada caso y que gritaron: «No queremos morir».
El representante de Codevida, Feliciano Reyna, leyó un comunicado en el acto público que se desarrolló en una plaza del este de Caracas en el que se señala que desde el 2013 ha alertado sobre la existencia de una profunda crisis de atención sanitaria y nutricional que ha escalado «velozmente».
La coalición de organizaciones advierte que en Venezuela se debe hablar, desde 2016, de una emergencia de características humanitarias y que en el marco del diálogo político, que se suspendió ayer sin que se lograra ningún acuerdo, se habían presentado mecanismos muy concretos para superar esta crisis.
Las personas con condiciones de salud crónicas dependientes de la salud pública han visto interrupción casi absoluta del acceso a medicinas, dice el comunicado que leyó Reyna quien participar como asesor para la parte opositora en los inicios del diálogo que arrancó en diciembre pasado.
Asimismo, Codevida señala que 16 mil personas están en riesgo inminente de muerte por el cierre de las unidades de diálisis y que tres mil 500 personas trasplantadas no tienen acceso a inmunosupresores y enfrentan riesgo inmediato de rechazo de órganos.
Se informa en este escrito que cinco mil 660 mujeres con cáncer de mama diagnosticadas anualmente no tienen acceso a quimioterapia y al menos seis fallecen diariamente por esta situación.
Además, cuatro mil 990 con hemofilia se encuentran privadas de factores de coagulación desde hace varios años y solo en 2017 murieron 22 mientras 270 corren hoy el peligro de perder la vida.
La casi totalidad de las 77 mil personas con VIH/Sida que recibían tratamiento por parte del Estado en todo el país han debido interrumpirlo y la falta de reactivos impide la realización de pruebas esenciales para monitorear (vigilar) su salud.
Codevida también denuncia que comunidades indígenas enteras están siendo diezmadas por la situación de desnutrición y falta de tratamiento como está ocurriendo con el pueblo warao en el (estado oriental) Delta Amacuro.
Tomando en cuenta lo anterior, dice Codevida, las organizaciones de esta coalición rechazan las declaraciones del Gobierno venezolano «con las cuales se insiste en negar la situación de emergencia humanitaria por la que atraviesa el país y les hacemos directamente responsables de las muertes y severos daños a la salud».
Exigen, en tal sentido, aceptar la ayuda internacional que diferentes organismos capacitados para ello han ofrecido con mecanismos especializados para la atención de una emergencia como la que denuncian.
«El gobierno no puede alegar que se tiene la capacidad de solucionar la emergencia cuando las mismas autoridades han demostrado que no cuentan con los medios financieros, institucionales y técnicos para asistir a la población de forma perentoria», señala.
Codevida también destaca que el Gobierno de Maduro, en vez de tomar medidas para aliviar la crisis, ha reducido de forma drástica los recursos para importaciones en salud y alimentación.
