Concejales de Valencia discuten ordenanza de cierre de calles. (Foto cortesía)
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El Concejo Municipal de Valencia aprobó por unanimidad en primera discusión, dos proyectos de ordenanza mediante los cuales se busca evitar el aumento desproporcionado del precio de los botellones de agua potable, y regular todo lo referido al cierre o medidas de control de accesos a calles y conjuntos residenciales de la ciudad.

En plenaria presidida por Fernando Núñez, la concejal Amarily Morales, presentó el Proyecto de Ordenanza que Regula la Prestación del Servicio de Suministro de Agua a través de Cisternas y Agua Potable Envasada en Botellones en el Municipio Valencia, mediante el cual se pretende normar la venta y suministro del agua en la ciudad, debido a que el último mes este servicio ha recibido aumentos desproporcionados.

El proyecto está dividido en siete capítulos y 46 artículos. La concejal justifica su creación, señalando en la exposición de motivos, en el año 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas sancionó la Observación General Nº 15 sobre el derecho al agua, conceptuándolo como el derecho de todos los ciudadanos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible para el uso personal y doméstico.

Morales indicó en el documento, que por eso se hace necesario un conjunto de normas a los fines de controlar la actividad de los prestadores del servicio, e instituye las condiciones que deben cumplir para poder vender agua envasada en botellones y supervisar e inspeccionar el trabajo que las embotelladoras cumplen. También se debe supervisar los parámetros aplicables para poder prestar el servicio de cisternas a los ciudadanos, cuyos inmuebles destinados a uso de vivienda o comercial, estén ubicados dentro del ámbito municipal de Valencia.

De acuerdo al primer artículo, el objeto del proyecto de ordenanza es establecer un conjunto de normas jurídicas municipales tendentes a regular el control de calidad, distribución y precio del servicio de agua potable a través de cisternas y/o agua potable envasada en botellones para el consumo humano y establecer el régimen de fiscalización, control y evaluación de tales servicios en beneficio de los ciudadanos.

Morales manifestó que los botellones de agua potable para el consumo humano, han aumentado el precio de venta en los últimos meses y desde el cabildo valenciano, no se permitirá las cobros desproporcionadas ni la especulación al pueblo por parte de las empresas envasadoras del agua que se distribuye en botellones, ni por parte de los dueños de los camiones cisternas.

CIERRE DE CALLES 

El presidente del cabildo, Fernando Núñez, presentó el Proyecto de Ordenanza sobre  la Regulación del Cierre o Medidas de Control de Acceso a todas las Calles y/o Conjuntos Habitacionales sean estos Urbanos o Rurales del Municipio Valencia.

La estructura de este proyecto contiene VI capítulos y 18 artículos, y pretende normar  los cierres de calles para evitar la anarquía  en las vías de acceso que han sido cerradas u obstaculizadas.

En su exposición de motivos que  establece que en concordancia a los artículos siete y numeral 56 literal 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, al municipio le compete el control y fiscalización del tránsito y personas en la vías, entre otras responsabilidades.

En este sentido el municipio Valencia requiere contar con una normativa que regule el auge de cierres de calles, veredas y senderos, al igual que la construcción de casetas de vigilancia o instalación de rejas, barreras, brazos manuales, mecánicos o electrónicos, y otros objetos, que colocan los ciudadanos, que impiden el libre tránsito, tanto vehicular como peatonal.

En el texto se lee que el cerramiento de las vías públicas, dificulta el ingresó de unidades de respuesta en casos de emergencia, bien sea, de protección civil, en catástrofes, desastres o policiales de ser necesario. Igualmente imposibilita el ingresó a las unidades recolectoras de desperdicios, ocasionando en algún momento que no se realice en su totalidad la recolección en el sector, y ello podría desencadenar algún tipo de enfermedad en la comunidad.

En los cierres debe haber la presencia de un vigilante o personal contratada para la seguridad, ya que es inconstitucional cerrar las calles de forma absoluta, permanente o completa y siempre debe contar con la aprobación del mayor consenso de los vecinos de la comunidad, para que con la intervención del municipio, a través de los órganos competentes, pueda otorgarse la permisología necesaria.

En su artículo uno se señala que el municipio Valencia contribuye al resguardo del derecho constitucional de transitar libremente desde un lugar a otro y, a entrar y salir de su radio urbano y rural, permanecer en cualquier punto geográfico, y garantizar la seguridad individual de los habitantes.

 

 

 




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