Una nueva consecuencia penal generó el supuesto viaje clandestino a Venezuela, el 19 de agosto pasado, de dos empresarios de Cabo Verde que pretendían la libertad de Álex Saab, luego que la Policía Judicial del país africano allanó las oficinas y casas del millonario empresario farmacéutico Fernando Gil Évora y del exfuncionario Carlos Anjos.
Cabe recordar que ambos están investigados por viajar hasta Caracas en un avión privado para hablar directamente con Nicolás Maduro sobre el caso del empresario barranquillero.
Señala el diario El Tiempo de Colombia que la medida se conoce poco después de que Miraflores nombrara a Saab embajador permanente y plenipotenciario ante África, con supuesta inmunidad absoluta.
Los allanamientos estuvieron a cargo de inspectores de la Policía Judicial (PJ) que se llevaron sus computadoras personales y los respectivos teléfonos celulares en un operativo simultáneo ejecutado en los últimos días.
Este, incluso, podría ser una medida previa a la definición de la situación jurídica de Gil Évora y Carlos Anjos, quienes aún no han recibido acusación.
La visita a Caracas
Según el Ministerio Público, la reunión de los dos ejecutivos con el régimen, podrían configurar el delito de usurpación de la autoridad, previsto en el artículo 312 del Código Penal y sancionado con la pena de prisión de uno a cinco años.
«Éste es el paso previo a decidir si los acusan o no. Se espera encontrar en sus computadores y teléfonos mensajes sobre el verdadero trasfondo de los contactos con Venezuela», dijo una persona enterada de tema.
El gobierno de Cabo Verde ya había tomado la medida de destituir a Gil Évora del cargo de presidente del consejo de administración de la Empresa Pública de Importación y Distribución de Productos Farmacéuticos (Emprofac).
Y también había tomado distancia de Anjos, exdirector general de turismo. En su momento, Gil Évora emitió un comunicado en el que negaba haberse desplazado a Venezuela y pernoctado en el Palacio de Miraflores, tras una reunión con Maduro.
Sin embargo, admitió un viaje para encontrarse con miembros de la defensa de Saab, pedido en extradición por Estados Unidos que lo procesó por lavado de activos valorados por sobre los 350 millones de dólares, vinculados a contratos corruptos con el régimen para construir casas de interés social.
Viaje negado
«No estuvimos en ningún palacio presidencial, por lo que no contactamos con ningún presidente y mucho menos con entidades gubernamentales de otro país. En este sentido, es globalmente falso hablar de mítines políticos, etc., y queremos desmentirlos por completo porque solo sirven para alimentar el deleite de algunos que quieren que nos involucremos a la fuerza en alguna trama de la que no somos y no queremos formar parte”, explicó Gil Évora, en su comunicado.
Sin embargo, admitió que viajó a España, por invitación de una consultora caboverdiana en el ámbito de la aviación civil, que presta servicios al grupo jurídico de Alex Saab desde junio.
La consultoría, dice el comunicado, buscaba únicamente conocer y establecer los procedimientos para la obtención de las autorizaciones para vuelos y la obtención de las visas de entrada en Cabo Verde, «así como otros aspectos logísticos ante la imperiosa necesidad de que el grupo viaje a nuestro país”.
La defensa recalca sus exigencias
Los allanamientos se conocen en momentos en que la defensa de Saab y Venezuela exigen que éste sea dejado en libertad, ahora en calidad de embajador venezolano.
El 10 de enero está prevista una nueva audiencia ante el Tribunal de Justicia de África Occidental (Cedeao), en el cual insistirán en que se le otorgue prisión domiciliaria por vencimiento de términos y/o libertad, en calidad de alto funcionario diplomático.
Entre tanto, después de la vacancia judicial, el caso saldrá de la Corte de Apelaciones a la Corte Suprema de Justicia para la decisión final sobre la suerte del neogranadino.
Con información de El Tiempo (Colombia).
