Morgue de bello Monte. (Cortesía)

El cadáver del capitán de corbeta Rafael Ramón Acosta Arevalo (36) permanecía aún este martes en la morgue de Bello Monte, donde fue llevado el sábado y autopsiado en presencia de fiscales del Ministerio Público, funcionarios policiales, del Ministerio del Interior y Justicia y de otros entes del Gobierno. En esa dependencia hubo una gran movilización luego de registrarse numerosas denuncias respecto a las torturas a las que había sido sometido el oficial de la Armada.

Acosta Arévalo fue detenido ilegal y arbitrariamente el viernes 28, al igual que otros tres militares (coronel Francisco Torres Escalona, coronel Miguel Alberto Castillo y general Miguel Sisco Mora) de la Aviación, y los comisarios retirados del Cicpc Miguel Ibarreto y José Valladares. Funcionarios del Sebin y de la DGCIM participaron en las capturas.

El viernes en la tarde Acosta fue presentado en el Tribunal Tercero Militar de Control. Estaba muriendo, sentado en una silla de ruedas por no poder sostenerse en pie, y de allí llevado al hospitalito del Fuerte Tiuna, donde falleció a la 1:00 de la madrugada del sábado.

Fuentes extraoficiales indicaron que al cadáver le practicaron la autopsia y lo dejaron en calidad de depósito en una cava, ya que es el Fiscal General de la República, Tareck William Saab, el funcionario encargado de autorizar la entrega para que sea sepultado.

Comunicado  de funcionarios del Cicpc: Torturas y privación de libertad

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, funcionarios jubilados, pensionados y activos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas denunciaron persecución, torturas y detenciones arbitrarias contra varios de sus agremiados, así como efectivos militares.
“El Cuerpo Técnico de Policía Judicial (hoy Cicpc) es la institución por excelencia en materia de investigación penal en Venezuela, formando y capacitando a su personal en la Escuela Básica de Detectives, Escuela Superior y posteriormente Instituto Universitario de Policía Científica (eliminados por este gobierno)”.
Indica el comunicado que actualmente utilizan organismos como la DGCIM y el Sebin, para hacer investigaciones, con un personal dedicado a provocar confesiones bajo torturas y grabando videos como métodos de prueba.
Denuncian que los comisarios Miguel Ibarreto y José Valladares han sido torturados, coaccionados y amenazados, tras haber sido privados ilegítimamente de libertad, al igual que los funcionarios Luis Revilla y Jhonny Galindez, junto con otros siete efectivos que permanecieron en los calabozos del Sebin, en El Helicoide, desde la noche del martes 25 de junio hasta el viernes 28.
Estos últimos permanecieron tres días secuestrados, sometidos a tratos crueles, sin que los presentaran en tribunales ni en la Fiscalía, violando flagrantemente el debido proceso.
En vista de que “el régimen, conjuntamente con el Ministerio Público” otorga atribuciones a instituciones que ignoran la normativa jurídica, exigen:
1.-Cese de los procedimientos arbitrarios contra los funcionarios
2) Responsabilizan al Ministerio Público por no cumplir su función de garante de la investigación
3) Someter a exámenes médicos a los funcionarios torturados (Ibarreto y Valladares) por parte de personal médico capacitado e imparcial
4) Intervención inmediata de la institución que tuvo bajo custodia tanto a los detenidos como al capitán asesinado, y que el personal responsable de estas violaciones de los derechos humanos, convenios y pactos internacionales, sean puestos a las orden del Ministerio Público.



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