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Los cancilleres de nueve países latinoamericanos reiteraron este miércoles en un comunicado conjunto su llamado a mantener vigente el diálogo en Venezuela entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición con un trato de mutuo respecto y un «estricto cumplimiento de los acuerdos alcanzados».

El comunicado está suscrito por los cancilleres de Argentina, Susana Malcorra; de Brasil, José Serra; de Chile, Heraldo Muñoz; de Colombia, María Ángela Holguín; de Guatemala, Carlos Raúl Morales; de México, Claudia Ruiz Massieu; de Paraguay, Eladio Loizaga; de Perú, Ricardo Luna; y de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa.

Los nueve cancilleres remarcaron que el respeto y cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo son esenciales para generar la confianza necesaria, asegurar la participación permanente de todas las partes y avanzar en la solución de las diferencias en beneficio del pueblo venezolano.

«Nuestros países seguirán apoyando los esfuerzos de los ex presidentes y la prudente contribución del Vaticano, que debe ser altamente apreciada por todas las partes al representar una ayuda desinteresada para favorecer el proceso de diálogo», se destacó en el comunicado conjunto.

Los ministros de Relaciones Exteriores que suscribieron el comunicado manifestaron, además, su deseo de que Venezuela encuentre el camino del entendimiento que le dará estabilidad hacia el futuro.

El diálogo político que se inició en Venezuela hace poco más de un mes llegó a una fase de revisión con miras a un relanzamiento a principios de 2017, luego de que los opositores se negaran ayer a volver a la mesa hasta que el Gobierno no cumpliera con sus demandas.

La oposición exige que el grupo de expresidentes que actúa en nombre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), junto al Vaticano, como mediadores, pidan al Gobierno que cumpla con los acuerdos alcanzados en las dos plenarias celebradas en poco más de un mes.

Los reclamos de los opositores giran también alrededor de la fijación de un cronograma electoral para elegir los principales cargos del país, la apertura de un canal humanitario para aliviar la crisis de alimentos y medicinas, y la liberación de un grupo de detenidos que consideran «presos políticos».




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