Cancillería de Maduro denuncia
Cancillería de Venezuela/ Foto: Cortesía

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, rechaza de forma categórica una nueva arbitrariedad por parte de la red social Facebook, al incurrir en la violación de los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al bloquear por un lapso de treinta días, de manera injustificada, la cuenta oficial del presidente Nicolás Maduro.

La medida vulnera con ello el derecho de 1,2 millones de usuarios y usuarias de dicha cuenta, a la información veraz y oportuna en el país.

A través de un comunicado el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MInci) expresa que no es la primera vez que Facebook y sus asociadas (Whatsapp e Instagram) impiden el derecho a la libre expresión, al silenciar y sancionar, discrecionalmente, los contenidos que el Mandatario nacional publica diariamente “relativos a las políticas de Estado y que son de alto interés público para Venezuela y el mundo”.

El documento refiere que son incontables las medidas unilaterales que Facebook ha tomado en contra de la libertad de expresión del Jefe de Estado venezolano.

Lea aquí el comunicado íntegro:

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, rechaza de forma categórica una nueva arbitrariedad por parte de la empresa encargada de la red social Facebook, que incurre en la violación de los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al bloquear por un lapso de treinta días, de manera injustificada, la cuenta oficial del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, vulnerando con ello el derecho de 1,2 millones de usuarios y usuarias de dicha cuenta, a la información veraz y oportuna.

No es la primera vez que la empresa Facebook y sus asociadas (Whatsapp e Instagram) se abrogan el derecho de silenciar y sancionar, discrecionalmente, los contenidos que el Jefe de Estado publica diariamente —en el uso ético de la libertad de expresión, pensamiento y opinión— relativos a las políticas de Estado y que
son de alto interés público para Venezuela y el mundo.

Llama poderosamente la atención que, en una suerte de tiranía del algoritmo, se persiga principalmente aquellos contenidos orientados al combate de la pandemia y que son de interés científico y por tanto urgentes para la salud de la humanidad.

Los hechos:
Son incontables las medidas unilaterales que Facebook ha tomado en contra de la libertad de expresión del dignatario venezolano, sin embargo nos remiritemos a dos hechos que han devenido censura temporal.

1. En octubre del 2020, el presidente Nicolás Maduro presentó un informe aprobado por las autoridades sanitarias de Venezuela, sobre la molécula DR10, un medicamento de ingeniería nacional, cuyas propiedades curativas contra el Covid-19 han sido avaladas por la comunidad científica del país y presentadas de manera desinteresada, para su certificación, ante la OPS. La empresa Facebook marcó el contenido como falso y lo suprimió de manera arbitraria.
2. El sábado 27 de marzo los administradores de la página oficial en Facebook, del presidente Nicolás Maduro Moros, fueron notificados de la eliminación de la transmisión en vivo del balance y lucha contra el Covid-19, del domingo 21 marzo.

Esta vez por presentar públicamente el retroviral, también de ingeniería y producción nacional, Carvativir, y su plan de distribución masiva y gratuita en todo el país.

Esto constituye no sólo actos de censura, propios de una nueva dictadura mediática, sino que evidencia a su vez una extensión del bloqueo y boicot que el imperio norteamericano aplica de manera ilegal contra nuestro pueblo para consumar el llamado “cambio de régimen” por la fuerza.

Lo anterior se deduce del curioso acontecimiento según el cual, antes de ser informados los administradores de dicha cuenta sobre la decisión de Facebook, esta información confidencial y privada —según la normativa de la empresa— fue suministrada sin consentimiento a la agencia de noticias Reuters, quien se encargó de darle un matiz de discriminación política.

Queda en evidencia, y así lo denunciamos, que asistimos a un totalitarismo digital, ejercido por empresas supranacionales que quieren imponer su ley a los países del mundo.

 

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