A través de un comunicado, la junta directiva de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales y Artesanos del Estado Carabobo (CAPEMIAC) condena de manera categórica la irresponsable actuación de los organismos de seguridad del Estado venezolano en el marco de la muerte del concejal Fernando Albán.
De todos los derechos fundamentales, el derecho a la vida es el más sagrado, protegido por mandato constitucional inclusive en escenarios de reclusión o detención policial o judicial.
En este sentido, la junta directiva de CAPEMIAC exige una investigación profunda, minuciosa e imparcial, dado que indistintamente de las hipótesis creadas por matrices de opinión, el Estado venezolano es el único que debió velar por la vida del concejal Albán, especialmente en su estado de detención policial.
El esclarecimiento de estos hechos bajo los parámetros indicados otorgaría señales de la seguridad jurídica de la cual están tan ayunos los venezolanos y en concreto, nuestros afiliados para el libre desenvolvimiento de sus actividades.
Con nota de prensa de Capemiac
