(Foto: (AFP)
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Es el único medio de Venezuela que cumplirá dos años sin recibir ni una bobina de papel. Recurrió al mercado negro para garantizar lo que sus directivos definieron como un compromiso inquebrantable. Pero la inflación y una corporación estatal trunca todos los esfuerzos de una empresa pionera en la región.

Sobre el mesón de madera reposaban dos grupos de periódicos. Eran las 17 ediciones repartidas del semanario de El Carabobeño, que dejó de circular. Los diputados revisaban los ejemplares y escuchaban con atención los argumentos de Carolina González. La jefa de redacción del periódico acudió, por cuarta vez, a la comisión de medios de la Asamblea Nacional (AN). La razón, la misma: crisis de papel.

Biagio Pilieri repite este año 2017 como integrante de la comisión de medios. El periodista rechazó la nueva desaparición de un producto editorial del Diario del Centro. Esta vez fue La Verdad Impresa, el semanario que, luego de 17 ediciones a partir del 30 de septiembre pasado, tuvo que suspender su circulación. “”El Complejo Maneiro se convirtió en el CLAP del papel periódico. Su forma de distribución es sectaria”, dijo el diputado.

Pilieri se refería, con vehemencia, al Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM). El organismo, creado en mayo de 2013, se convirtió en la única institución permisada para la importación directa y comercialización de papel prensa en Venezuela. Asemejó su manera irregular de despacho con la de otro organismo cuestionado en el rubro de alimentos: los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Quienes no están a favor de comercio no reciben comida, o en este caso, papel: insumo fundamental de la industria periodística.

Desde que Maneiro funciona El Carabobeño solo recibió cuatro despachos de bobinas de papel. Sus líneas de crédito con proveedores canandienses quedaron congeladas por el control cambiario que rige desde 2003, acumulando una deuda millonaria en dólares. El último despacho de la estatal fue en marzo de 2015: 72 bobinas de las 300 que mensualmente se necesitan. Fue una condena a la desaparición de sus suplementos, reducción de la edición diaria y su posterior desaparición. Eso es El Carabobeño: una historia repetida en el drama del papel. Un periódico que se convirtió en el trofeo de oro en la pugna por la hegemonía comunicacional, dijo González.

El semanario se hizo insostenible. El kilo de papel es vendido en el CEAM en 35 bolívares, pero las redes del mercado negro lo comercializan a 800 y dos mil 300 bolívares por kilo. “Ya no es rentable mantener una publicación impresa”, explicaba Pilieri.

 

17 agresiones a periodistas extranjeros

El Gobierno está empeñado en que no se sepa lo que ocurre en el país. Los casos de corrupción son tabú. Esa es la principal razón para que los periodistas que buscan descubrir la verdad sean perseguidos, incluso si forman parte de una empresa extranjera. Se contabilizan 17 agresiones y limitaciones al ejercicio de corresponsales extranjeros en el país, informó Carlos Correa, director de la Organización No Gubernamental Espacio Público. “A algunos no les dejan entrar al territorio. A otros simplemente los devuelven sin argumentación legal alguna”.

Muchas veces los medios internacionales dicen a sus periodistas que no denuncien las agresiones que sufran en Venezuela. Puede ser una política diplomática. O una necesidad. Por volver al país, por seguir reporteando la crisis humanitaria de medicinas y alimentos. Son políticas editoriales, explicó el investigador de la comunicación. “Hay claras intenciones de limitar la cobertura de los periodistas internacionales”.

Espacio Público mostró su preocupación por las más recientes declaraciones de Nicolás Maduro. El presidente primero, y su canciller Delcy Rodríguez después, han arremetido contra el canal internacional de noticias CNN (Columbia News Network) y lo han acusado de una campaña internacional en contra del Gobierno. El canal reveló hace poco una investigación sobre cómo los pasaportes nacionales eran vendidos hasta por 15 mil dólares a personas en el medio oriente, algunas vinculadas con grupos fundamentalistas islámicos. Correa recordó que ya un canal internacional, NTN24, salió del aire sin justificación. “No se dio explicación, a este medio de Colombia se le sacó por una decisión de Estado. Desde entonces se le han bloqueado 14 páginas web, lo que dificulta el trabajo de informar”. SOn dinámicas de hostigamiento contra la prensa internacional, sentenció.

Correa mencionó el caso de El Carabobeño. Dijo que la prensa regional es fundamental para el ecosistema de medios. Son espacios de defensa de la opinión y la información cercana. “Pero están desapareciendo por políticas discriminatorias y porque se les dice a los anunciantes que no coloquen pautas publicitarias en periódicos incómodos”. El periodista exhortó a la comisión parlamentaria para que ayude a la sociedad a entender que estas prácticas son inaceptables desde el punto de vista de los derechos humanos. “No es admisible que utilizando el Poder se esté atropellando a la prensa”.

 

Silencios vulgares

Las instituciones oficiales parecen confabuladas. Se apoyan entre sí al momento de la inacción con los casos escandalosos de golpes, robos y hurtos contra periodistas. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) criticó lo que llama un “silencio vulgar” por parte, principalmente, del Ministerio Público (MP), que no ha defendido a la prensa cuando ha sido atacada.

Ruiz describió el caso más reciente: la detención de cuatro periodistas, dos nacionales y dos brasileros, que documentaban obras incompletas en Venezuela de la trasnacional constructura Odebrecht, envuelta en un escándalo de coimas por las que se reveló que pagó hasta 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos para obtener beneficios en la contratación de la obra pública.

El pasado sábado 11 de febrero Jesús Urbina y María José Túa, reporteros e integrantes de Transparencia Venezuela, una ONG anticorrupción, fueron detenidos junto a los brasileros Leandro Stoliar y Gilzon Souza. La policía política expulsó a los extranjeros de Venezuela, no sin antes quedarse con sus equipos de trabajo. Es urgente que la comisión haga esfuerzos para recatar el derecho a la información, consideró el sindicalista.  No hay otro requisito para ejercer periodismo en Venezuela que no sea una credencial, puntualizó.

Adriana D’ Elía, presidenta de la comisión de medios de la AN para el período 2017-2018, se comprometió a luchar para que Maneiro regularice la venta de papel a medios con línea editorial independiente y a trabajar en mecanismos de protección personal y de los equipos de reporteros que, sean de Venezuela o no, intenten ejercer una profesión que solo se concibe desde la libertad. No hay otro forma.




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