Los disparos se escucharon y todos corrieron. No había un plan de escape definido. Ninguno de los estudiantes de la Universidad de Carabobo (UC) pensó que sería víctima de la represión ese día. Fue el miércoles 5 abril. Protestaban por la restitución del hilo constitucional, quebrantado con las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Pancartas y consignas acompañaban la manifestación, violentamente dispersada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que ese día allanaron el recinto universitario. El saldo fue de 17 heridos y el comienzo de semanas sangrientas y cargadas de injusticia en la entidad.
La confusión reinó aquella tarde. Está fresca en la memoria la indignación por la asfixia a la que fueron sometidos quienes se escondieron en salones y oficinas dentro de la institución, en las que los uniformados lanzaron sin compasión bombas lacrimógenas por las ventanas. Las caras de incertidumbre tampoco se olvidan. Poco a poco todo se fue aclarando: Era el inicio de una política represiva que cada día se acentuaría más.
Cinco días después, el mensaje llegó de manera más directa, en forma de un disparo al cuello de Daniel Queliz, el primero de las 13 personas asesinadas en Carabobo durante manifestaciones de calle, y el segundo en todo el país. El joven de 19 años murió mientras protestaba, junto a sus vecinos, dentro la urbanización Los Parques, al sur de Valencia. El recibió el impacto de manos de un funcionario de la Policía de Carabobo.
Christian Ochoa fue el segundo nombre de la lista. Falleció en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) el 26 de mayo, un día después de ser herido por otro uniformado del cuerpo policial dependiente del gobernador Francisco Ameliach, quien le disparó perdigones a quemarropa cuando veía desde la esquina de su casa, en el barrio Francisco de Miranda de Valencia, una protesta que se desarrollaba en el lugar.
Mayo fue el mes líder en represión. Desde los altavoces de las unidades empleadas por los funcionarios para dispersar las manifestaciones se escuchaba de manera repetitiva: “Esta movilización no está permisada. Los tenemos grabados y hemos visto que tienen elementos violentos y subversivos como piedras. También hemos registrado en video las placas de las motos y sabemos la dirección de la mayoría”. La amenaza duraba unos minutos, antes que comenzara la violencia, cada vez más feroz, más cruda.
Una alta dosis de un cóctel represivo convirtió a mayo en el número uno en muertes, con cinco de 13, que es igual a 38,46% de los asesinatos registrados en la entidad. La primera víctima fue Ana Pérez, una niña de dos meses de nacida, internada en la CHET desde el 22 de abril. Pero la madrugada del 4 de mayo murió repentinamente. Ella no padecía de ninguna patología que le comprometiera las vías respiratorias. Bastó que los gases lacrimógenos entraran a la sala de pediatría para que se asfixiara, cuando la GNB reprimió una serie de hechos vandálicos en la avenida Lisandro Alvarado.
Ese mismo día falleció Gerardo Barrera, un oficial de la Policía de Carabobo de 36 años, luego de resultar herido la tarde del 3 de mayo durante una manifestación en el municipio San Joaquín de Carabobo. También se sumó a la lista sangrienta del 4 de mayo Luis Eloy Pacheco, un vendedor de frutas y aguacates, de 22 años, quien recibió un disparo en el rostro durante una protesta, proveniente del arma de un Policía de Carabobo, cuando se encontraba cerca de una turba en el sector Pinzón Herrera de Central Tacarigua, municipio Carlos Arvelo.
El cuarto asesinado del mes fue Hecder Lugo. El joven de 20 años manifestaba el jueves 4 de mayo en la urbanización El Tulipán de San Diego, cuando un funcionario de la GN, según testigos, le accionó su arma en la cabeza. Falleció al día siguiente en una clínica privada.
El mayo sangriento cerró con el nombre de Jorge Escandón, un funcionario de la Policía de Carabobo de 37 años. Fue herido por un impacto de bala en la cabeza durante la manifestación del lunes 15 de mayo, en la que otros dos oficiales resultaron heridos y se reportaron siete civiles heridos y 19 detenidos. Escandón murió cuatro días después.
LA ORDEN
Mayo no solo fue sinónimo de muertes. Fue el mes que marcó un antes y un después en las manifestaciones de calle con la activación del Plan Zamora la tarde del miércoles 3. Carabobo se convirtió desde ese día en el experimento del Gobierno en materia de orden público y enjuiciamientos militares. Fue un operativo ordenado desde el Ejecutivo con el argumento de que se debían controlar los hechos vandálicos que desde el día anterior se producían en la entidad, y que provocaron afectación en 70 empresas entre comercios y pequeñas y medianas industrias y que pusieron en riesgo más de cuatro mil empleos.
Ese 3 de mayo la dirigencia opositora en la región había planificado una movilización que partiría desde el Distribuidor Lomas del Este, con un destino sorpresa. Pero apenas los primeros manifestantes comenzaron a concentrarse en la autopista, dos unidades tácticas de represión (tanquetas) de la GNB, llegaron a lugar a disparar perdigones y lacrimógenas. Como el 5 de abril, hubo confusión. Pero todo se aclaró cuando el comandante general de la GNB, Antonio Benavides Torres, anunció a través de su cuenta en Twitter que se ordenaba la activación del Plan Zamora y la Justicia Militar.
La represión recrudeció. Los disparos de lacrimógenas iban directo al cuerpo de los manifestantes y no hubo respeto al derecho a la protesta pacífica en ningún punto del estado. Incluso periodistas, plenamente identificados, fueron víctimas de las bombas y las balas y hasta de retenciones de parte de diferentes cuerpos de seguridad.
MÁS ASESINATOS
El Plan Zamora tuvo un efecto claro en la población: Temor. Muchos de quienes salían a las calles a expresar su descontento con el Ejecutivo prefirieron quedarse en casa ante el incremento de la represión, que se transformó en persecución y allanamientos ilegales, con un total de 657 detenciones en Carabobo, de acuerdo a cifras del Foro Penal Venezolano (FPV).
Pero eso no frenó la violencia traducida en muerte. Rubén Darío González se convirtió, el 10 de julio, en el octavo asesinado durante una manifestación en Carabobo. Fue en La Isabelica, mientras el joven de 16 años participaba en el “Trancazo Nacional”, actividad que fue reprimida por efectivos de la GNB. González recibió un impacto de bala que entró por el lado derecho del tórax y tuvo orificio de salida por el lado izquierdo, lo que causó su muerte. Otro joven resultó herido en el enfrentamiento.
La Isabelica repitió como epicentro de la violencia 10 días después, cuando vecinos del sector 5 vieron a un uniformado de la GNB dispararle a quema ropa en el pecho a Andrés José Uzcátegui Ávila, de 23 años, durante la represión a la manifestación que se desarrollaba en el lugar, en la primera jornada de paro cívico nacional convocada por la oposición.
Un semana más tarde en Los Guayabitos, Naguanagua, lloraron el asesinato de Leonardo González. Un carismático líder vecinal perseguido por funcionarios de las policías de Carabobo y de Naguanagua, cuando reprimieron la protesta en la avenida Valencia. Le dispararon en la espalda el mediodía del 27 de julio.
El 6 de agosto marcó historia en el país. Ese día fue asaltada la 41 Brigada Blindada y la sociedad civil salió a las calles a manifestar su apoyo a esa acción. El resultado fue una férrea represión para evitar que a la sublevación de un grupo de militares, se unieran civiles. Eso provocó la muerte de Ramón Antonio Rivas, de 51 años, coordinador regional de activismo de Avanzada Progresista, y de Martín Baidín, de 34. Ambos estaban en la avenida Bolívar Norte de Valencia y fueron alcanzados por balas disparadas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
La lista de fallecidos por protestas en Carabobo la completa Luis Guillermo Espinoza, de 15 años. Murió el 13 de agosto luego de haber estado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la CHET desde la noche del 5 de junio, tras recibir un impacto de bala en la cabeza, del arma de un GNB, mientras protestaba en El Tulipán, San Diego.
OTRAS MUERTES
En medio de hechos vandálicos que intentaron ser frenados por el Plan Zamora, y otras acciones de calle, hubo otras muertes. El 2 mayo Yonathan Quintero, de 20 años, fue asesinado por el propietario de un supermercado asiático durante daños a su local en Bella Florida, al sur de Valencia.
Ese mismo día, Ana Victoria Colmenares de Hernández, 43 años, y María de los Angeles Guanipa Barrientos, de 36 años, fallecieron en un accidente de tránsito al chocar contra una barricada en la autopista Valencia-Puerto Cabello. Ese martes, Jesús Armando Alonso Valera, de 15 años, recibió un disparo en la cabeza mientras observaba hechos violentos cerca de su casa, en las Parcelas del Socorro, que eran controlados por cuerpos de seguridad.
También entra en la lista un hombre sin identificar quien murió electrocutado el 3 de mayo en medio de un intento de robo en comercios en la avenida Enrique Tejera. Al día siguiente, Daniel Gamboa, de 40 años, falleció mientras conducía una camioneta cargada de alimentos en la Autopista del Sur, cuando fue atacado por un grupo que quería apoderarse de la mercancía y una piedra lo alcanzó en la cabeza. Carlos Mora murió electrocutado en Flor Amarillo, cuando se dirigía de vuelta a su casa en Las Palmitas, en Carabobo, huyendo de una protesta.
Durante el asalto a la 41 Brigada Blindada se cuentan las muertes de Orlando Segundo Ladino y Yhonny Emizael Martínez Cedeño, ambos funcionarios militares que cayeron dentro del Fuerte Paramacay en el enfrentamiento que se desarrolló en el lugar.
JUSTICIA MILITAR: EL PLAN ALTERNO
No bastó con represión, violencia y muerte. Desde el Gobierno hubo un plan alterno que combinó persecución con detenciones arbitrarias y decisiones de una jueza militar que repitió el mismo formato a la hora de dictar privativas de libertad: Traición a la patria, instigación a la rebelión, vilipendio a las fuerzas armadas y sustracción de efectos militares, fueron los delitos que se le imputaron a 192 personas presentadas ante instancias castrenses.
De ese número, de acuerdo al balance del FPV, 66 siguen tras las rejas: 29 en la cárcel de Uribana en Lara, 19 en Ramo Verde, 12 tienen arresto domiciliario, tres están en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Naguanagua, uno en el centro penitenciario 26 de Julio de Guárico, uno en el Internado Judicial de Carabobo en Tocuyito, y otro en el Sebin del Helicoide en Caracas. 90% de quienes se enfrentaron a la justicia militar, aún siendo civiles, recibieron medidas cautelares de libertad con regímenes de presentación estrictos.
Eso no fue suficiente. Desde la activación del Plan Zamora se ejecutaron en Carabobo 34 allanamientos, en los que se incluyen los últimos 12 que se dieron tras el asalto en la 41 Brigada Blindada. El saldo de estos procedimientos que siguen sembrando terror y se realizan de manera ilegal, ha sido de nueve personas privadas de libertad hasta ahora.
Fue así como se selló una historia de represión, violencia, persecución y muerte en Carabobo. Todo comenzó aquel miércoles 5 de abril con el ataque de uniformados a estudiantes de la Universidad de Carabobo que protestaban pacíficamente. Aún no ha terminado.
@DayriBlanco07
