El cardenal venezolano Jorge Urosa, horas antes del incidente en la Basílica de Santa Teresa en Caracas, había exigido al gobierno de Nicolás Maduro desactivar a grupos civiles armados que según dijo le sirven de apoyo, al denunciar una represión desmedida contra protestas opositoras que deja tres muertos.
«Esas bandas civiles armadas son ilegales e incurren en delitos, y el gobierno no puede seguir amparando a esos grupos que no tienen ninguna autoridad», dijo Urosa este miércoles en rueda de prensa.
El arzobispo de Caracas, duro crítico del chavismo, se refería a grupos de partidarios conocidos como «colectivos», que según la oposición han sido armados por el gobierno y son una fuerza de choque que reprime a sus militantes.
Urosa manifestó que esos grupos «actúan con mucha impunidad» y «siempre en apoyo a actividades o acciones del gobierno».
«Eso debe cesar y esa gente debe ser llevada a los tribunales y sentenciada», subrayó.
Este miércoles, el diputado opositor Alfonso Marquina culpó a «colectivos» de la muerte de un menor de 14 años durante una manifestación en la ciudad de Barquisimeto (estado Lara, oeste), ocurrida la noche del martes.
La Fiscalía ha confirmado la muerte de dos jóvenes de 19 años, presuntamente a manos de policías, en el contexto de protestas el 6 y el 11 de abril en las afueras de Caracas y en Valencia (norte). En el primer caso, la víctima no participaba en las manifestaciones, según el gobierno.
El jerarca denunció una «represión desmedida» de los cuerpos de seguridad contra las protestas opositoras iniciadas el pasado 1 de abril, en rechazo al gobierno.
Desde entonces se han realizado cinco movilizaciones masivas en Caracas y otras protestas pequeñas en distintas ciudades que dejan, además, decenas de detenidos y un centenar de arrestos, según las autoridades y organizaciones no gubernamentales.
