Ya son seis los casos de profesores universitarios y gremialistas detenidos de forma arbitraria en lo que va de año. El vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo (UC), José Angel Ferreira, informó que acudirán a instancias internacionales para denunciar estos atropellos cometidos por el Gobierno nacional. «No abandonaremos a nuestra comunidad universitaria».
Ferreira detalló que ya se han puesto en contacto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que es un problema que afecta a los gremios; con la Secretaría de Educación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Universidades de América Latina (Udual).
La primera detención que se produjo fue la del profesor Santiago Guevara, quien tiene seis meses detenido sin que se haya realizado la audiencia correspondiente a los primeros 45 días de cautiverio. Tiene serios problemas de salud relacionados con el colon y ha perdido 22 kilos. «Hace tiempo se le debió otorgar una medida de casa por cárcel debido al delicado estado en el que se encuentra. Su audiencia fue reprogramada para el próximo 11 de septiembre. «.
Tras el el asalto a la 41 Brigada Blindada de Carabobo el pasado 6 de agosto se produjo un segundo lote de detenciones: Julio García, presidente del Colegio Nacional de Enfermería; Rosmary Di Pietro, presidente del Colegio de Contadores Públicos; Ronmal Rojas, director de desarrollo estudiantil del campus La Morita; y Carlos Morales, profesor de la Facultad de Ingeniería. Ferreira resaltó también el caso de Simón Mora, esposo de la decana de la Facultad de Odontología.
El vicerrector académico explicó que los seis detenidos tienen en común una cosa: pertenecen de una u otra forma a la comunidad universitaria de la UC y son profesionales que se han ganada la admiración y el respeto de gran parte de la sociedad. «Podemos dar fe pública de que todos nuestros colegas son inocentes»
A ninguno de los miembros de nuestra comunidad que han sido aprehendidos se les conoce por tomar posiciones violentas ni por poseer armas. Su agenda siempre ha sido civil y pacífica, reiteró.
José Angel Ferreira instó a las autoridades a garantizar los derechos humanos de estas personas y respetar las normas establecidas por la ONU y el Código Procesal de Venezuela respecto a las condiciones del cautiverio. Según denunció, estas no se están cumpliendo.
