El presidente de Perú, Pedro Castillo, expresó este martes ante una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su respeto por el orden democrático y la lucha contra la corrupción en su país, informó un comunicado oficial.
La posición del Ejecutivo peruano fue expresada por Castillo durante un encuentro en el Palacio de Gobierno de Lima con el vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, Edgar Ralón Orellana, a quien dijo que su Gobierno «trabaja en transparencia, sin pedir favores a nadie».
Castillo agregó, según el comunicado oficial, que promueve esto a pesar de los cuestionamientos proferidos en contra de su gobierno y aseguró que se están impulsando «estrategias eficaces» de lucha contra la corrupción en diferentes instancias del Estado.
El mandatario sostuvo que sus opositores han «creado temores infundados», como la presunta intención de instaurar una política de estatizaciones en el país, lo cual consideró que «genera ruido político y desconfianza en la ciudadanía que debilita la democracia».
Lucha anticorrupción en Perú
La nota oficial indicó que Ralón Orellana aseguró que la misión de la CIDH es hacer respetar los derechos humanos y que, «cuando se ataca la democracia e institucionalidad, se vulneran derechos, por lo que apuestan por promover el diálogo en aras de superar las diferencias».
La delegación del organismo también estuvo conformada por la relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García, y por los especialistas en derechos humanos Miguel Mésquita, Manuel Canahui y Paula Mora.
Como parte de la delegación peruana también asistieron los ministros de Relaciones Exteriores, César Landa, y de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, así como el representante Permanente de Perú ante la OEA, Harold Forsyth, y el director de Derechos Humanos de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales de Cancillería, Carlos Briceño.
El encuentro en el Palacio de Gobierno se realizó mientras la Fiscalía allanaba las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista Acción Popular (AP), así como la vivienda de una hermana del presidente, como parte de la investigación que realiza de una presunta organización criminal en el Ejecutivo.
El Ministerio Público señaló que este allanamiento se hizo para «recabar información sobre la presunta participación de esos congresistas en el direccionamiento de obras a empresas chinas y peruanas», a cargo de la organización que, según la acusación fiscal, es dirigida por Castillo.
Tras el operativo, que estuvo a cargo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, el congresista Elvis Vergara, uno de los investigados, aseguró a la emisora RPP que esta acusación es una «patraña», aunque felicitó a la Fiscalía por buscar «saber la verdad» de este caso.
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