Durante la dictadura de Augusto Pinochet, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
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Un juez especial chileno condenó a prisión a cinco militares retirados que en los años 80 envenenaron con la llamada toxina botulínica a opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, presos en una cárcel de Santiago, informaron este martes fuentes judiciales.

A consecuencias de la acción, maquinada por la Dirección de Inteligencia (DINE) del Ejército, murieron dos presos por causas comunes y  otros cinco resultaron gravemente afectados , estos últimos pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que compartían sus raciones alimenticias con los primeros.

Tras una larga investigación, el juez especial Alejandro Madrid condenó a 20 años de cárcel a Eduardo Arriagada Rehren, exdirector de Sanidad del Ejército, y a Sergio Rosende Ollarzú, como autores de dos homicidios consumados y cinco frustrados.

En tanto, los oficiales retirados Joaquín Larraín Gana, Jaime Fuenzalida Bravo y Ronald Bennett Ramírez fueron sentenciados a 10 años y un día de prisión como cómplices de los homicidios consumados de Víctor Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz, y de los homicidios frustrados de Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Aguilera Morales, Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Garrido Ceballos.

Además, el juez condenó al Estado de Chile al pago de una indemnización de 950 millones de pesos (1,48 millones de dólares) a los familiares de las víctimas.

Según la indagación del caso, la toxina botulínica, una neurotoxina considerada internacionalmente un arma química de destrucción masiva fue enviada desde Brasil a petición de la DINE hasta un laboratorio secreto del Ejército que funcionaba en la calle Carmen, en pleno centro de Santiago e introducida a la cárcel en diciembre de 1981.

Cuando los presos comenzaron a sentirse mal, en la enfermería de la cárcel se les diagnosticó “gastritis aguda” y se les devolvió a sus celdas, hasta que por la intervención de la iglesia católica, a petición de los familiares de los reclusos, se les trasladó a centros asistenciales, pese lo cual dos de ellos murieron.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos y otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por motivos políticos.




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