Chile deportará el miércoles a Colombia y Venezuela a un grupo de 100 migrantes que ingresaron al país por un paso irregular en la frontera con Bolivia, una zona que vive una crisis migratoria sin precedentes.
«Mañana sale un vuelo desde Iquique con más de 100 personas que en su mayoría resultarán expulsadas por haber ingresado de manera ilegal por pasos no habilitados y están de manera irregular en el país», indicó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
Durante una visita a la zona fronteriza, Delgado explicó que los migrantes abordarán un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), el primero de una serie de traslados los próximos días.
Quienes ingresen a Chile de manera irregular, agregó el ministro, «no resultarán regularizados, no van a tener un carné de identidad, no van a tener un documento nacional».
Crisis de siete días en Colchane
Delgado visitó la zona junto a sus pares de Defensa y Relaciones Exteriores, Baldo Prokurica y Andrés Allamand, respectivamente.
La entrada de más de un millar de extranjeros en menos de siete días generó la semana pasada tensión en la pequeña localidad chilena de Colchane, de apenas mil 700 habitantes, muchos de la etnia indígena aymara.
La ola migratoria, formada principalmente por venezolanos, provocó desabastecimientos y enfrentamientos entre autoridades y grupos de extranjeros, además del colapso del sistema sanitario por la COVID-19, lo que obligó a instalar campamentos para mantener en cuarentena preventiva a los migrantes.
Un colombiano y un venezolano fallecieron la semana pasada debido a las extremas condiciones climáticas (mucho calor durante el día y heladas de madrugada) en el paso fronterizo entre Colchane y la localidad boliviana de Pisiga, a 3 mil 600 metros de altura sobre el nivel del mar.
Emergencia regional
«La migración venezolana se ha transformado, objetivamente, en una emergencia regional. Las organizaciones internacionales señalan que hay 5 millones de venezolanos que han abandonado el país y que se encuentran en distintos países de América del Sur», apuntó por su parte el canciller chileno.
El Gobierno chileno ha autorizado el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico ilícito de migrantes en ese punto de la frontera, donde son habituales los «coyotes» o «pasadores» que cobran a los interesados por guiarlos para cruzar de un país a otro.
En Chile, un país que hasta el inicio de las protestas de 2019 era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7% de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
Chile tiene una de las leyes migratorias más antiguas de Latinoamérica, diseñada en 1975 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando apenas recibía migrantes, aunque el Gobierno busca aprobar una nueva normativa que facilitaría las deportaciones. EFE
