La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla llamó este lunes a los países que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y, en general, a los que defienden la democracia a apoyar la candidatura costarricense al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El objetivo de la candidatura costarricense, surgida a raíz de una iniciativa de varios exmandatarios del país, como Óscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez y la propia Chinchilla, tiene como objetivo impedir que la Venezuela de Maduro se haga con una de las dos vacantes correspondientes a Latinoamérica en el organismo con sede en Ginebra.
«Es cínico que vaya a velar por los derechos humanos un Gobierno que los viola sistemáticamente», dijo Chinchilla a Efe después de una intervención en un panel de la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Miami.
La votación se realizará el 18 de octubre y antes de que, Costa Rica se postulara, solo había dos candidatos latinoamericanos al Consejo: Brasil y Venezuela, lo que significaba que los dos serían elegidos.
«Por las graves violaciones contra los DD.HH. que evidenció el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el régimen de Venezuela no es candidato adecuado para Consejo de Derechos Humanos de la ONU», indicó el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, en sus redes sociales el pasado 3 de octubre.
«Costa Rica se propone como alternativa», apuntó el mandatario.
Chinchilla, que intervino este lunes en un panel de la Asamblea General de la SIP sobre la redes sociales junto al expresidente de Ecuador Jamil Mahuad, subrayó que lo «importante ahora» es que los países a coalición internacional que apoya a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela les apoyen con sus votos.
El Grupo de Lima ya ha prometido hacerlo, subrayó.
El pasado 27 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para establecer una comisión de investigación independiente e internacional sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en Venezuela, a solicitud del Grupo de Lima, del que forma parte Costa Rica.
La comisión «investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014» ocurridos en Venezuela, y presentará sus resultados al Consejo dentro de un año.
El texto «condena enérgicamente la extendida represión y persecución política en Venezuela», recordando que el informe presentado este año ante el mismo Consejo por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó al menos 6.000 muertes en operaciones de seguridad desde 2018.
