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Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

El caso del profesor de la Universidad de Carabobo (UC), Santiago Guevara, trascendió las fronteras y los barrotes que lo mantienen preso desde hace casi 10 meses. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó al Gobierno se le dicte medida cautelar al académico que este martes cumple 67 años.

La decisión se plasmó en la resolución Nº 50 del año 2017, con fecha del 1 de diciembre, y ya está en manos de las autoridades de Venezuela, quienes tienen 20 días, desde el momento de la emisión del fallo, para dar respuesta a la solicitud, según explicó José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la UC y vocero de la familia de Guevara.

Se trata de la medida cautelar 383 de la CIDH, que estuvo motivada por las características del sitio de reclusión, el estado de salud del profesor  y la situación en que se encuentra el proceso penal que ni siquiera ha pasado la fase de la audiencia preliminar.

En el informe de siete páginas de la CIDH, se le pide al Gobierno que adopte las medidas que sean necesarias “para garantizar la vida e integridad personal del señor Guevara García, en particular proporcionando la atención médica adecuada conforme a sus patologías y en conformidad con los estándares internacionales aplicables”.

La comisión instó al Estado venezolano “otorgar lo más pronto posible una cautelar que permita que el profesor Guevara vuelva a su casa, donde pueda tener el adecuado tratamiento, que al igual de otros que hay en este país, se le permita firmar de manera quincenal o semanal”, así como la prohibición de salida del país pero que se le permita ser juzgado en libertad.

De acuerdo a la CIDH, la vida del profesor universitario corre peligro, por las cuatro patologías que sufre el catedrático. “Y ya no lo dice el profesor Ferreira, ya no lo dice la familia, ya no lo dicen sus colegas de la universidad, sino la Organización de Estados Americanos”.

Para Ferreira, esta es una buena oportunidad para que el Estado venezolano responda políticamente al caso del profesor Guevara, “obviamente seguirá enfrentando el juicio correspondiente, pero podría regresar a su hogar para poderlo tener con nosotros en Navidad recibiendo el tratamiento médico que necesita y para que en el mes de enero pueda volver a las aulas de la Universidad de Carabobo”.

Esta es la segunda solicitud de este tipo durante 2017 que hace la CIDH al Gobierno de Venezuela.  La primera fue con el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, de Aragua, Delson Guarate, cuya respuesta del Estado fue liberarlo bajo medidas cautelares.

La noche del 21 de febrero uncionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo visitaron en su residencia ubicada en la avenida Bolívar Norte de la ciudad de Valencia. Ese martes se lo llevaron para “hacerle unas preguntas” mientras estaba con su madre de 86 años, quien depende del cuidado del profesor. Al día siguiente familiares y abogados no tuvieron contacto con él, sino hasta el jueves cuando lo trasladaron a Caracas para la audiencia de presentación ante el Tribunal Primero de Control de la Corte Marcial en Fuerte Tiuna. Le imputaron traición a la patria e instigación a la rebelión y le dictaron privativa de libertad.

El profesor ha perdido 28 kilos desde su aprehensión y padece de colon irritable, hipertensión arterial, diabetes y artritis inflamatoria. Son enfermedades que se han agravado como consecuencia de las condiciones de reclusión. “No se alimenta de acuerdo a la dieta que tiene que seguir, no camina ni hace ejercicios, y tampoco toma sol”.

 

 

Resolucion 50-2017 Cidh Sguevara by Simone Monasterio Acosta on Scribd




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