El coordinador legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, dijo a EFE que se trata de una
Sede del Sebin en El Helicoide, en Roca Tarpeya, Caracas / Foto referencial: Archivo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este jueves su disposición de realizar una visita al centro de detención del Helicoide en Caracas para «coadyuvar con el cumplimiento» de las medidas cautelares otorgadas al activista venezolano Javier Tarazona, detenido en julio de 2021.

«La Comisión manifiesta su disposición de realizar una visita in situ al país, y tiene especial interés de realizar una visita al centro de detención del Helicoide, en tanto las circunstancias lo permitan y se cuente con la anuencia del Estado para tales efectos», dijo.

El pasado 30 de octubre, la CIDH adoptó una resolución en la que modificó las medidas cautelares que, en junio de 2020, otorgó a favor de Tarazona y su familia «al considerar que se encontraban en una situación de urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos debido a que recibía amenazas e intimidaciones por sus labores» como director de la ONG Fundaredes.

La comisión aseguró que no ha obtenido respuesta del Estado que permita «indicar que viene adoptando medidas para proteger los derechos de las personas beneficiarias», por lo que, «dado el tiempo transcurrido y tras haberse determinado la vigencia de los factores de riesgo, la CIDH considera que una visita al país permitiría conocer directamente la situación del beneficiario».

Asimismo, solicitó al Estado «remitir información concreta, detallada y actualizada» sobre la situación del activista y su familia, y adoptar las «medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, integridad personal y vida» de Tarazona.

Además, pidió al Estado investigar, «con debida diligencia», los «alegatos de hechos de tortura y malos tratos o tratos inhumanos o degradantes que podrían haber tenido lugar por parte de agentes estatales».

Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y «traición a la patria».

El pasado 19 de octubre, Fundaredes dijo a EFE que el juicio al que se enfrenta Tarazona deberá comenzar de cero luego de dos meses de audiencias, pues el proceso se vio interrumpido por una baja médica del juez de la causa.




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