La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para proteger a la etnia indígena pemón, cuatro de cuyos integrantes murieron el fin de semana cuando intentaban ingresar ayuda humanitaria a Venezuela desde Brasil.
La CIDH adoptó la medida al considerar que los indígenas pemón de la comunidad San Francisco de Yuruaní o “Kumarapacay” “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable”.
A su vez pidió al gobierno de Nicolás Maduro que se abstenga de hacer uso de la fuerza de manera incompatible con estándares internacionales, proporcione atención médica adecuada a quienes resultaron heridos y evite eventos de riesgo frente a acciones atribuibles a grupos paramilitares conocidos como “colectivos”.
La Comisión dio a las autoridades venezolanas un plazo de 15 días para que le informe sobre la adopción de las medidas cautelares, según el documento que Gonzalo Himiob, director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano y solicitante de la protección, compartió con The Associated Press.
Himiob indicó estar consciente de que no existe disposición en el gobierno de Maduro para cumplir las medidas cautelares, pero “al menos queda un importante registro de lo que ha venido pasando para que en algún momento se pueda lograr justicia”.
La Comisión tiene la facultad de emitir medidas cautelares para solicitar a los gobiernos que protejan a ciudadanos en riesgo grave y urgente de sufrir un daño irreparable.
El líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino del país, encabezó el sábado una iniciativa para ingresar a territorio venezolano ayuda humanitaria donada por Estados Unidos y otros países desde Brasil y Colombia.
Pero Maduro ordenó a las fuerzas de seguridad impedir el ingreso de la ayuda alegando que era una fachada para invadir el país y derrocarlo.
El intento de integrantes de la etnia pemón de ingresar ayuda humanitaria generó enfrentamientos que, según la CIDH, dejaron cuatro personas muertas y al menos 18 heridos.
Naciones Unidas estima que al menos tres millones de venezolanos han abandonado su país ante la aguda escasez de medicinas y alimentos.
Además de otorgar las medidas cautelares, la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales condenaron el viernes hechos de represión violenta en Venezuela y urgieron al Estado a garantizar los derechos humanos de la población frente a la crisis política, económica y social.
Con información de El Nuevo Herald
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