La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de la diputada Delsa Solórzano, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
El 24 de diciembre de 2019 la resolución 66/2019, describe que al tomar tal determinación, se consideraron los alegatos de que la diputada Solórzano viene siendo objeto de hostigamientos y amenazas desde 2017 y, de manera reciente, habría sido informada por un teniente de que se buscó contratarle para asesinarla a ella y a otro diputado.
Adicionalmente, la beneficiaria habría sido acusada públicamente de haber contratado ella el asesinato de quien presuntamente buscaría contratar su muerte, ocasionando tal acusación un clima de animadversión en su contra.
Lo anterior se vería reflejado en acciones por parte de colectivos que la señalarían y hostigarían cuando ella acude al Palacio Legislativo a ejercer sus labores como diputada, describe el boletín informativo del órgano de protección internacional.
De acuerdo con la información aportada, la beneficiaria no contaría con medidas de seguridad y se alegó que la Guardia Nacional, encargada de la seguridad del recinto legislativo, no le brinda la protección pertinente al encontrarse en el Palacio Legislativo.
Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida e integridad; concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados y evitar así su repetición.
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