La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó hoy la muerte de 18 personas durante la primera semana de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que acompaña el diálogo nacional local, cuyo objetivo es superar la crisis que ha cobrado cerca de 300 vidas.
«El Meseni recibió información relativa a 18 personas que habrían fallecido de manera violenta en el contexto de represión actual y de múltiples personas heridas», informó la CIDH, en un informe divulgado este lunes en Managua.
Las 18 personas habrían muerto entre el 24 y el 30 de junio, fecha en que el Meseni comenzó su misión en Nicaragua.
En este lapso el Meseni también «recibió información sobre hechos de represión selectiva, que se manifestaría en detenciones arbitrarias, allanamientos de viviendas en busca de personas que participaron en protestas y tranques».
De la misma manera, la CIDH reportó la toma de tierras como «nueva tipología» de represión gubernamental.
«Dentro de este contexto, se ha recibido abundante información de personas que se están viendo forzadas a huir de sus hogares para esconderse en casas de seguridad en otras partes del país e incluso de múltiples casos de personas que están saliendo a otras países, en muchos casos para buscar protección internacional solicitando asilo».
«Es urgente e imperativo parar la represión y las detenciones arbitrarias, así como las nuevas formas de violaciones que están siendo identificadas», dijo la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola.
La CIDH «reconoció» que el Gobierno de Daniel Ortega sí «ha avanzado» en cumplir con 3 de sus 15 recomendaciones para respetar los derechos humanos, como son crear un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua), invitar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACIDH), y aceptar la presencia del Meseni.
Dichas recomendaciones fueron cumplidas por el Gobierno tras una fuerte presión de la Alianza Cívica, que se levantó de la mesa de diálogo y convocó a un paro nacional, a la vez que la mediadora Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) suspendió las negociaciones hasta que la parte gubernamental mostrara un compromiso serio en las discusiones.
No obstante, la CIDH «lamentó» el irrespeto a las medidas cautelares contra personas amenazadas.
«En este sentido, reitera al Estado de Nicaragua la importancia de cumplir con la recomendación de garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión», resaltó la CIDH.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo de la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
