Los pueblos latinoamericanos experimentaron, en diferentes grados, retrocesos en materia de derechos y libertades fundamentales durante el primer año de la pandemia de COVID-19, según el Informe Anual 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En el Informe 2020, publicado el 16 de abril, la CIDH también hace un apartado especial para analizar la situación de las libertades civiles y los derechos universales en Cuba, Nicaragua y Venezuela; donde describe que en el primero de estos países, que tiene un largo historial de restricciones y represión contra disidentes, la situación se ha agudizado el año anterior con los intentos cada vez más recurrentes de grupos organizados de la sociedad civil que demandan libertad.

En el documento de 1.238 páginas, la CIDH, que vigila el estricto cumplimiento de los derechos fundamentales en los 34 Estados que conforman la OEA, 25 de los cuales han ratificado la Convención Americana en materia de derechos humanos, manifiesta sus preocupaciones sobre el tratamiento de los estados a sus ciudadanos durante la crisis sanitaria y las consecuencias posteriores a ésta, aunado a las crisis políticas que ya estaban en curso en varios países de la región.

En el caso de Nicaragua y Venezuela, la instancia rectora de derechos humanos reseña con preocupación el deterioro total de la institucionalidad democrática, con poderes ejecutivos que han controlado los órganos judiciales de los dos países y con asambleas nacionales dominadas por las presidencias; acciones que han llevado a un deterioro aún más evidente de los derechos humanos.

También refiere que los gobiernos de Nicolás Maduro, en Venezuela, y Daniel Ortega en Nicaragua, más el de Miguel Díaz-Canel en Cuba, han instaurado desde las estructuras del Estado y con apoyo de sus seguidores canales sistemáticos de vigilancia, persecución y hostigamiento contra sus delatores.

En el caso de Venezuela, el informe subraya el quebrantamiento del principio de separación de poderes como principal causante del entrampamiento de la crisis del país petrolero, aunado a la falta de garantías mínimas para la celebración de elecciones parlamentarias, la falta de independencia judicial, más la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, y los excesivos poderes del ejecutivo de Nicolás Maduro que ha declarado estado de excepción al menos 30 veces desde el año 2016.

A ello se suman los ataques y persecución contra los diputados opositores de la Asamblea Nacional, que aunque no son nuevos, han ido en escalada desde que el músculo opositor se vio fortalecido con el favor del electorado en las urnas durante las elecciones del año 2015, donde la oposición consiguió una sólida mayoría en el legislativo nacional, pero el gobierno se encargó a posteriori de frenar el proceso valiéndose de artilugios como la creación de la AN del gobierno de Nicolás Maduro.

“La CIDH considera que la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela ha contribuido a que la crisis institucional no encuentre un freno. En lugar de fungir como un garante de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de los otros poderes del Estado, el Poder Judicial ha creado nuevos obstáculos para superar la crisis que atraviesa el país. En 2020, la CIDH observó que el Poder Judicial venezolano opera cada vez con más opacidad, y esta circunstancia dificulta enormemente conocer, entre otras cosas, si las y los jueces son nombrados con apego a los procedimientos preestablecidos o cuál es el porcentaje de jueces provisorios del país”; explica el informe.

También, mientras avanza el deterioro institucional del país sudamericano continúa el menoscabo de los derechos humanos civiles y políticos, en especial los ataques contra la libertad de expresión y de participación en los asuntos públicos.

Leer informe completo: oas.org/es/cidh/




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