La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno venezolano la autorización para visitar varias cárceles que cuentan con medidas provisionales de protección dictadas por esa alta instancia desde hace varios años.
A la audiencia celebrada el 19 de mayo en San José de Costa Rica, asistió el abogado Humberto Prado en representación del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y por el Estado venezolano Larry Davoe, quien sustituyó a Germán Saltrón.
La petición la hizo el magistrado Eduardo Vio Grossi, con la finalidad de evaluar in situ si las autoridades nacionales han cumplido con lo pautado en las medidas provisionales solicitadas para Yare I, Yare II, El Rodeo I, El Rodeo II (Miranda), La Pica (Monagas), Uribana (Lara), El Cepra en Mérida, Vista Hermosa (Bolívar) y Tocorón (Aragua). El señor Davoe respondió que dicha solicitud debía ser “evaluada”.
Prado destacó que en la reunión también estuvo presente la viceministra para el Servicio Penitenciario, MarelysValdéz, para mostrar los supuestos logros que en materia carcelaria han alcanzado y el coordinador de la Ong debió hacer varios desmentidos.
Los funcionarios del gobierno mostraron fotografías de los presos durante los entrenamientos premilitares, los cuales fueron confrontados con videos que llevó Prado, para demostrar que les aplican orden cerrado y deben gritar consignas políticas. Entonces alegaron que esos ejercicios los hacen los presos voluntariamente.
-Esas prácticas no aparecen en ninguno de los estándares internacionales.
Respecto a las tomas de las cárceles, los funcionarios gubernamentales indicaron que se realizan “en paz”, lo cual fue rebatido por Prado al recordar el caso de la cárcel de Uribana, donde murieron 75 presos y un militar en 2012.
-Mintieron al afirmar que en Venezuela hay 16 cárceles para mujeres, cuando la magistrada Elizabeth Odio Benito les hizo la pregunta.
Prado aclaró que en Venezuela solo hay una cárcel para mujeres, que es el Inof (Instituto Nacional de Orientación Femenina) de Los Teques, porque los 16 centros que ellos refirieron son “anexos” habilitados en cárceles ya construidas para hombres.
A propósito de la intención de reformar la Constitución Bolivariana, Prado dijo que se les prendieron las alarmas porque podrían perjudicar a los privados de libertad. Todavía están esperando que se cumpla el artículo 272, referido a la descentralización carcelaria, el cual estaría en la mira del gobierno para eliminarlo.
