En el mes de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) condenaron las detenciones en contra de tres líderes campesinos y dos estudiantiles en Nicaragua y urgieron al Estado a poner fin a las detenciones arbitrarias y liberar a todas las personas detenidas en el contexto de la crisis.
En un comunicado de prensa, la CIDH señaló que de acuerdo con información recibida, el 5 de julio fueron detenidos por la Policía Nacional, Medardo Mairena Sequeira, Pedro Joaquín Mena Amador, Freddy Alberto Navas López, Lesther Lenin Alemán Alfaro y Max Isaac Jerez Meza. Los tres primeros son miembros del Movimiento Campesino y los dos últimos de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Lesther Alemán y Freddy Navas son beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH.
Para la CIDH y la ONU resultó muy preocupante que el Gobierno de Nicaragua enfocara la represión en los sectores campesino y estudiantil, los cuales tuvieron una participación protagónica en las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018 y en el diálogo nacional del mismo año. Uno de los detenidos, Medardo Mairena Sequeira, había expresado públicamente su deseo de concurrir a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 7 de noviembre próximo.
Estas detenciones se sumaron a otras 21 reportadas en el mes por la CIDH y la Oacnudh, entre ellas, la detención de cinco personas precandidatas a la presidencia, líderes y lideresas de la oposición, reconocidas defensoras de derechos humanos, empresarios y periodistas independientes, así como a las más de 130 personas que continúan detenidas por las protestas de abril de 2018, según los informes de la sociedad civil.
La Comisión y la Oficina de la Alta Comisionada manifestaron que continuarán estrechando su coordinación y colaboración, desde sus mandatos de protección, promoción y defensa de los derechos humanos, con el fin de contribuir a que las autoridades estatales nicaragüenses cesen las acciones represivas y tomen medidas para el restablecimiento de garantías democráticas en el país. En el mismo sentido, ambos organismos hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para promover el término de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
