El comisario europeo de Seguridad, Julian King y el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopóulos, durante la reunión de Ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea (UE), en Bruselas, Bélgica, hoy, 14 de septiembre de 2017. (EFE)
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Cinco países europeos (Alemania, Austria, Dinamarca, Francia y Noruega) proponen prolongar de dos a cuatro años los controles fronterizos excepcionales previstos en el código Schengen amparándose en la “amenaza terrorista”, cuyo tema se abordó hoy en un Consejo de ministros europeos del Interior.

El asunto no formaba parte de la agenda del encuentro, pero acaparó la atención de los titulares europeos en una reunión donde también se habló sobre las políticas para contener los flujos migratorios en el Mediterráneo y la lucha contra el terrorismo.

El comisario europeo de Interior, Dimitris Avramópulos, reiteró hoy su posición contraria al mantenimiento de los controles fronterizos entre los países del espacio de libre circulación Schengen adoptados por la llegada de inmigrantes, aunque admitió la necesidad de adaptar las normas a los nuevos “retos” de seguridad.

Precisó al término del Consejo que los controles introducidos por la presión migratoria “deben finalizar” el próximo noviembre, dado que las principales razones para la prolongación de los mismos “ya no existen”.

Sin embargo, añadió, la CE “reconoce que han surgido nuevos retos para la seguridad en los últimos años, como demuestran los atentados de Cataluña y de la ciudad finlandesa de Turku y que Schengen puede no estar suficientemente adaptado para responder a esos desafíos”.

Por ello, la CE “presentará un paquete para reforzar Schengen”, que incluirá una propuesta para poner al día esa legislación.

En la actualidad, aplican controles en las fronteras internas seis países del espacio Schengen: Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega.

Francia lo hace desde 2015, tras los atentados de París, mientras que los otros cinco países los aplican desde 2016 para responder a los flujos migratorios, tras la llamada “crisis de los refugiados”.

El Consejo (países de la UE) autorizó a todos esos países por última vez en mayo pasado la prolongación de los controles, hasta el próximo noviembre.

Francia y Alemania reclamaban ya desde el pasado febrero cambios en la legislación para reforzar la seguridad en Europa y, en particular, en el Código Schengen.

El ministro francés del Interior, Gérard Collomb, subrayó en declaraciones a la prensa la importancia de “tener medios para seguir controlando las fronteras”, teniendo en cuenta que el terrorismo es “transfronterizo” y que algunos de los responsables de los atentados de los últimos años se desplazaron entre Francia, Bélgica y España.

En ese contexto, indicó que tras la reunión de hoy tiene la impresión de que el comisario “desea suavizar el Código, sin poner en peligro la libre circulación, para permitir proteger las fronteras contra el terrorismo”.

Collomb recordó que en teoría los controles fronterizos que se aplican ahora en algunos países finalizan en noviembre y que la idea sería “poder seguir un poco más de tiempo”, una idea que aseguró es “apoyada por muchos Estados” y que confió en que tendrá “una acogida favorable”.

En un documento al que tuvo acceso Efe, los cinco países (Alemania, Austria, Dinamarca, Francia y Noruega) plantean, en particular, una reforma del artículo 25 del Código Schengen.

Las normas actuales prevén que los países puedan restablecer los controles fronterizos por un periodo inicial de 30 días, ampliable hasta seis meses, prorrogables hasta alcanzar un máximo de dos años en casos excepcionales.

Los firmantes del documento piden a la CE que presente normas para modificar ese artículo y permitir a los Estados miembros “reintroducir controles en las fronteras interiores por periodos más largos que los actualmente previstos”.

Consideran que la limitación a seis meses para la reintroducción de los controles por motivo de una grave amenaza pública o a la seguridad interna “no se corresponde con las necesidades en el contexto de una amenaza terrorista a largo plazo”.

En particular, abogan por imponer controles de 3 meses en el caso de graves amenazas públicas o a la seguridad interna.

Si esa situación persiste, apuestan por renovarlo por periodos de 3 meses hasta un máximo de 2 años, que en circunstancias excepcionales se podrían prolongar hasta los 4 años. 




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